Washington, Estados Unidos. – El Estado de Honduras compareció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia temática sobre independencia judicial, pero optó por presentar una posición general y reservar parte de sus argumentos frente a eventuales procesos internacionales.
La participación hondureña estuvo a cargo de la embajadora adjunta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), María Marlene Villela, quien leyó un documento elaborado junto con la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones del Estado.
Durante la audiencia, realizada el 5 de agosto de 2026 en Washington, Villela sostuvo que, tras analizar la solicitud presentada por las organizaciones peticionarias y la información pública disponible, Honduras concluyó que los planteamientos excedían la finalidad prevista para las audiencias generales contempladas en el reglamento de la CIDH.
“El Reglamento de la CIDH establece una clara diferenciación entre las modalidades de audiencias”, resaltó la embajadora Villela de Talbott.
La diplomática explicó posteriormente, durante una conferencia de prensa virtual, que las observaciones y consultas formuladas por los comisionados y las organizaciones civiles serán trasladadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Según indicó, esa institución emitirá las respuestas correspondientes conforme a los procedimientos internos del Estado hondureño.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que Honduras mantiene respeto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero justificó la decisión de no desarrollar una defensa más amplia durante la audiencia.
Aspra explicó que el Estado decidió reservar argumentos y elementos jurídicos que podrían ser utilizados en eventuales procesos internacionales promovidos por exfuncionarios separados de sus cargos mediante la figura del juicio político.
A su criterio, revelar esos elementos durante una audiencia temática podría debilitar una futura estrategia de defensa del Estado.
En el documento leído ante la CIDH y reiterado durante la conferencia de prensa, Honduras también planteó que el organismo pudo actuar con sesgo político.
El Estado instó a la Comisión a respetar sus competencias y abstenerse de debatir casos individuales o intervenir, directa o indirectamente, en asuntos internos.
La audiencia fue solicitada por varias organizaciones civiles, entre ellas Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
El tema central de la sesión fue la situación general de la independencia judicial en Honduras.
Sin embargo, al cierre de la audiencia, la representación de la CIDH sostuvo que sí cuenta con competencia para conocer este tipo de asuntos.
Desde la Comisión se señaló que durante la comparecencia quedaron expuestos dos enfoques distintos.
Por un lado, el análisis de la independencia judicial impulsado por la CIDH y las organizaciones peticionarias.
Por otro, la posición del Estado hondureño, centrada en cuestionar las facultades y el alcance de actuación del organismo interamericano, especialmente en relación con el juicio político aplicado a exfuncionarios del Ministerio Público y de órganos electorales.
La comparecencia dejó abierta una nueva tensión entre Honduras y el sistema interamericano: mientras las organizaciones civiles insisten en examinar el estado de la independencia judicial, el Gobierno defiende que ciertos planteamientos podrían invadir competencias internas y anticipar debates que corresponderían a otros procedimientos internacionales.
El caso continuará bajo seguimiento de la CIDH, mientras el Estado hondureño prepara las respuestas formales a las consultas planteadas durante la audiencia.
