Tegucigalpa, Honduras. – El economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, estimó que hasta 170 millones de dólares dejaría de percibir el país en remesas por la ratificación de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), señalando que unos 30 mil tepesianos hondureños envían divisas mediante esta figura migratoria.
«El efecto puede ser entre 150 a 170 millones de dólares que se dejen de percibir», estimó Rodríguez evidenciando impacto económico significativo de la medida considerando que Honduras recibió 872.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares en enero pasado según informó el Banco Central hondureño.
El economista comentó que los hondureños no sufrirán una deportación inmediata, pero sí perderán su estatus en Estados Unidos revocándoles sus permisos de trabajo, licencia de conducir y el servicio de salud, generando situación de vulnerabilidad que afectará capacidad de enviar recursos financieros a familias en Honduras.
Rodríguez indicó que muchas familias hondureñas dependen de los envíos de los tepesianos para pagar la compra de bienes y servicios, educación, salud y ahorro, señalando que pérdida de estos flujos impactará directamente economía de miles de hogares que reciben estos fondos como sustento principal.
El especialista avizoró que de los más de 50 mil hondureños amparados bajo la figura del TPS no todos serán deportados porque están con otras figuras migratorias, sin embargo los que sean deportados no encontrarán condiciones en Honduras para reinsertarse económicamente tras décadas viviendo en Estados Unidos.
Las remesas familiares en enero 2026 representaron un incremento del 12.6% respecto al mismo mes de 2025 según informó el BCH, evidenciando importancia creciente de estos flujos para economía nacional que históricamente ha dependido de divisas enviadas por casi dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos.
La Cancillería había reconocido el impacto humano, familiar y social que la cancelación del TPS genera en miles de familias que por más de dos décadas han vivido y trabajado legalmente en territorio estadounidense, comprometiéndose a evaluar alternativas legales y de apoyo para quienes buscan regularizar situación migratoria.
