Tegucigalpa – En una respuesta contundente a la creciente crisis de seguridad en el sistema penitenciario hondureño, las cárceles de máxima seguridad amanecieron este sábado recién pasado con presencia militar.
Los miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) fueron desplegados en los penales de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara; La Tolva en Morocelí, El Paraíso; y la Penitenciaría Nacional en Támara, Francisco Morazán, con el objetivo de asumir el control de estas instituciones.
Si bien el traspaso completo de las 25 cárceles del país estaba previsto para el lunes 26 de junio, la PMOP ha adelantado su intervención en los centros penales de máxima seguridad.
Esto se lleva a cabo como parte de las medidas urgentes implementadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para abordar la grave crisis de inseguridad generalizada que afecta a Honduras.
Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Secretaría de Seguridad, explicó que el traspaso de los centros penitenciarios se realizará de manera sistemática a partir del próximo lunes.
Durante este fin de semana, se llevará a cabo el conteo y la revisión de la logística proporcionada por la Policía Nacional en el proceso de transición.
La situación en el sistema penitenciario hondureño ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente evidenciados por los recientes eventos violentos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde perdieron la vida 46 reclusas.
Desde el 8 de abril, se declaró una emergencia en las cárceles del país después de disturbios simultáneos en las principales instituciones penitenciarias. Desde entonces, se han producido una decena de balaceras en las prisiones, lo que llevó a la intervención de una Comisión Interventora que fue cesada esta semana por la presidenta Castro.
Como parte de los cambios realizados para abordar esta crisis, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón Pineda, fue destituido de su cargo, y se llevó a cabo una reestructuración en la cúpula de la Policía Nacional. Además, se decidió devolver el control de las cárceles a las Fuerzas Armadas a través de la intervención de la Policía Militar del Orden Público.
La intervención militar en las cárceles busca restablecer el orden y la seguridad, así como prevenir futuros episodios de violencia. Las autoridades deberán trabajar en la implementación de medidas efectivas que aborden los problemas estructurales y la corrupción que han permeado el sistema penitenciario hondureño, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los reclusos y promover una reinserción efectiva en la sociedad.
