Tegucigalpa – En Honduras, el 2024 ha sido testigo de una escalada en crisis múltiples, llevando a la nación a un estado constante de «alerta máxima». La población enfrenta desde severos racionamientos de agua debido a sequías persistentes hasta una alarmante deforestación.
Los embalses como Los Laureles operan a menos de un tercio de su capacidad, intensificando la crisis hídrica. El aire, altamente contaminado, ha alcanzado niveles críticos, impulsando legislaciones contra pirómanos.
Adicionalmente, la producción ganadera ha caído drásticamente, afectando la disponibilidad de carne y elevando los costos de la canasta básica.
El sistema de salud se encuentra abrumado por un brote severo de dengue, con miles de casos reportados semanalmente y una demanda creciente en hospitales que ya colapsan bajo la presión.
Paralelamente, la crisis energética afecta la vida diaria, con cortes frecuentes de electricidad y debates estancados en el Congreso sobre la gestión de contratos energéticos. A esto se suma una creciente inseguridad, marcada por la violencia y el narcotráfico, complicando aún más el panorama nacional.
