Tegucigalpa, Honduras – Honduras se encuentra en una semana crucial previa a las elecciones generales del 30 de noviembre, mientras una controversia institucional sacude al país: la inesperada solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las Fuerzas Armadas reciban copias de las actas presidenciales el día de los comicios.
Aunque el CNE rechazó inicialmente la petición, el general Hernández insistió públicamente en los medios, desafiando la decisión del órgano electoral y reabriendo un debate que parecía zanjado: ¿cuál debe ser el verdadero papel de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático?
Según el informe semanal del observatorio NODO, «la solicitud de las FFAA para acceder a actas presidenciales trastoca el orden civil y marca un nuevo desacuerdo crítico». El documento advierte que la institución armada parece aprovechar el vacío de legitimidad generado por la fragilidad del CNE para intervenir, poniendo en tela de juicio su rol constitucional como subordinada al poder civil.
La jurista Ana Pineda fue contundente en su análisis: «La solicitud carece de fundamento constitucional y legal. Desnaturaliza el rol de las Fuerzas Armadas, que deben ser apolíticas, obedientes y no deliberantes».
Desde la sociedad civil, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, alertó sobre las implicaciones de este movimiento: «Es un salto cualitativo: de custodios a contadores. Quien cuenta, narra; y quien narra primero, fabrica realidad y declara ganador a su líder al mediodía».
Incluso voces de la clase política reaccionaron con preocupación. El exfiscal general Edmundo Orellana demandó excluir definitivamente a las Fuerzas Armadas del sistema electoral hondureño, calificándolo como «un resabio autoritario incompatible con la democracia».
La exmagistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Karen Guandique, fue más allá y solicitó la suspensión preventiva del general Hernández, además de una investigación por posible abuso de autoridad.
La exrectora Julieta Castellanos cuestionó el silencio de la presidenta Xiomara Castro, recordando que, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, debería haber desautorizado de inmediato la solicitud. «Si la presidenta no se desmarca, es porque el Partido Libre está de acuerdo», sentenció.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, recordó que según el artículo 272 constitucional, a partir del 30 de octubre las Fuerzas Armadas pasan a disposición del CNE únicamente para custodiar y transportar material electoral. «Cualquier intento de ir más allá vulnera el mandato constitucional y mina la confianza ciudadana», advirtió.
Mientras el calendario electoral avanza inexorablemente hacia el 30 de noviembre, la tensión institucional aumenta en un país donde cada proceso electoral se desarrolla entre sombras de desconfianza. La intención de los militares de contar votos se erige como una línea roja: no solo una disputa de competencias, sino un pulso entre la institucionalidad civil y el poder armado.
