Tegucigalpa, Honduras. – Honduras nunca ha aplicado un juicio político en los 13 años desde que la figura fue incorporada a la Constitución en 2013 como respuesta al golpe de Estado de 2009 y la destitución ilegal de cuatro magistrados de la CSJ en 2012, reveló la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos.
«Marcar un precedente sería fundamental para establecer que toda autoridad cuya conducta se aparte del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus derechos y garantías», señaló Castellanos explicando que antes de 2013 Honduras no contaba con mecanismo claro para revisar conducta institucional de altas autoridades dejando a ciudadanía sin garantías.
La funcionaria recordó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la existencia de un juicio político habría permitido salida pacífica y jurídica a la crisis de 2009, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras carecía de regulación precisa para destitución de altos funcionarios, condenando al país por violaciones a derechos humanos.
Castellanos indicó que sigue pendiente la reforma de la ley especial para adecuarla plenamente a estándares y mejores prácticas internacionales en materia procesal, limitación que podría explicar por qué mecanismo nunca se ha utilizado pese a múltiples controversias que involucraron a funcionarios de alto nivel durante gobiernos de Hernández y Castro.
El juicio político aplica a funcionarios como presidente, designados presidenciales, magistrados de CSJ, diputados, alcaldes y otros servidores públicos nombrados por el Legislativo, contemplando etapas de denuncia, investigación, derecho a la defensa y votación que requiere 86 votos según estableció el presidente del Congreso Tomás Zambrano.
«Está pensado para proteger el interés público y garantizar que ninguna decisión, actuación u omisión sea arbitraria. Hablar de juicio político es hablar de justicia«, concluyó Castellanos estableciendo que herramienta constitucional que surgió de experiencias graves permanece sin aplicarse mientras debate actual sobre procesar funcionarios del gabinete de Asfura genera controversia política.
