Tegucigalpa, Honduras. – El Gobierno de Honduras buscará abrir un compás de espera para los hondureños afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), mediante una reunión programada para el próximo 3 de septiembre entre el embajador hondureño en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, y el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Troy Edgar.
El encuentro dará seguimiento a la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que Honduras plantea la necesidad de una transición ordenada para los connacionales que perderían ese beneficio migratorio.
“Sí, la reunión del 3 de septiembre es con el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional. Es la persona a cargo de lo que es estrategia, política y planificación”, informó Flores Bermúdez.
El embajador explicó que la entrevista fue solicitada días después de la presentación de la carta presidencial, como parte de las gestiones que corresponde realizar a la representación diplomática hondureña en Estados Unidos.
Aunque el tema migratorio será uno de los puntos centrales, Flores Bermúdez indicó que la reunión también permitirá abordar una agenda más amplia de cooperación bilateral.
Entre los temas mencionó el acceso a mercados, un programa de certificación de competencias y otros espacios de colaboración entre ambos países.
“Este es el tema principal que vamos a estar abordando, vamos a estar recordando y lo que proponía el Presidente, más bien, es una alianza entre Estados Unidos y Honduras, donde podamos ampliar nuestras conversaciones en varios temas, entre ellos, lo bilateral, el acceso a mercados, un programa de certificación de competencias, hay una gran lista”, detalló.
La prioridad hondureña, sin embargo, será insistir en un período adicional, razonable y delimitado, para que los migrantes amparados por el TPS puedan resolver sus asuntos antes de un eventual retorno al país.
Flores Bermúdez señaló que la solicitud busca evitar que los hondureños afectados enfrenten una salida abrupta, sin tiempo para organizar su vida familiar, laboral, educativa y patrimonial.
“Pero indiscutiblemente que el tema central tiene mucho que ver con lograr un periodo adicional, como dice él en la carta, razonable y delimitado, de transición ordenada o, inclusive decía, de cualquier otro mecanismo administrativo o jurídicamente disponible que produzca efectos equivalentes”, sostuvo.
El embajador explicó que uno de los efectos buscados es permitir que las personas afectadas reciban asesoría legal calificada para determinar si pueden optar a otra vía migratoria contemplada en la legislación de Estados Unidos.
La propuesta también incluye que los connacionales puedan ordenar sus asuntos personales y preparar, si corresponde, un retorno coordinado, digno y seguro a Honduras.
“Que pongan en orden sus asuntos familiares, laborales, educativos, patrimoniales y que se prepare un retorno coordinado, digno y seguro para nuestros compatriotas y que mientras esto se produce, que haya una extensión temporal también de las autorizaciones de empleo”, concluyó.
El fin del TPS para Honduras, determinado por el gobierno de Donald Trump, coloca en una situación de incertidumbre a miles de hondureños que durante años han vivido, trabajado y formado familias en territorio estadounidense.
La gestión diplomática hondureña apunta ahora a obtener un margen de transición que permita reducir el impacto humano y social de la medida.
Para Honduras, la reunión del 3 de septiembre representa una oportunidad para plantear que el retorno de los compatriotas, si finalmente ocurre, debe ser planificado y acompañado, no improvisado.
El resultado dependerá de la receptividad de las autoridades estadounidenses y de los mecanismos administrativos o jurídicos que puedan habilitarse para otorgar ese plazo adicional solicitado por el Gobierno hondureño.
