Tegucigalpa, Honduras. – Honduras busca evitar que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) se convierta en un retorno masivo, inmediato y desordenado de compatriotas que llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos.
Ese fue el eje de la reunión sostenida por el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, y el ministro de la Embajada, David Hernández, con Rob Law, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
El encuentro dio seguimiento a la carta enviada por el presidente Nasry Asfura al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que el Gobierno hondureño solicitó una fase de transición para los hondureños amparados por el TPS.
La petición no busca modificar la decisión de fondo de Washington sobre la finalización del programa, sino abrir un margen que permita a los beneficiarios ordenar sus asuntos familiares, laborales, patrimoniales y migratorios antes de un eventual retorno.
“Necesitamos un periodo transitorio para que no sea una afectación dramática o inmediata o masiva del retorno de nuestros compatriotas”, manifestó el embajador Flores Bermúdez.
El diplomático explicó que muchos de los hondureños protegidos por el TPS han construido una vida completa en Estados Unidos, con familia, empleo, propiedades y compromisos económicos que no pueden resolverse de un día para otro.
Por ello, la posición hondureña apunta a una transición que también permita al país ampliar su capacidad de recepción.
Según David Hernández, durante la reunión se conversó sobre posibles modalidades para facilitar el regreso, aunque evitó adelantar detalles sobre las alternativas en análisis.
El funcionario indicó que la conversación fue amistosa y que Estados Unidos comprendió el planteamiento hondureño.
Sin embargo, también dejó claro que la posición de Washington respecto al TPS no cambió.
Durante la comparecencia, los representantes hondureños fueron consultados sobre la posibilidad de recurrir a la Salida Forzosa Diferida (DED) como una vía alternativa para los tepesianos.
Flores Bermúdez descartó que esa figura sea viable para Honduras bajo las actuales circunstancias.
Explicó que existen pocos precedentes de aplicación del DED y que generalmente se plantea ante escenarios de calamidad que justifiquen retrasar la salida de beneficiarios.
“Lo que ha planteado el presidente, lo que ha planteado el Gobierno, es una fase de transición para poder, no solo que los tepesianos arreglen sus cosas, sino que nosotros en el país igualmente podamos ampliar el ecosistema que se está generando en el país para recibirlo”, señaló.
En esa línea, mencionó iniciativas de organizaciones sociales, religiosas y del propio Estado para preparar condiciones de retorno.
También destacó disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional para facilitar el ingreso de bienes de los hondureños que regresen al país.
La Embajada también mantiene como prioridad orientar a los beneficiarios del TPS para que revisen sus opciones legales de manera individual.
David Hernández explicó que trabajan para que los compatriotas consulten con abogados especializados y determinen si califican a alguna vía que les permita modificar su estatus migratorio en Estados Unidos.
De los 70,000 hondureños beneficiados con la última ampliación del TPS, alrededor de 25,000 ya habrían realizado consultas con abogados migratorios para explorar alternativas de permanencia legal.
Otro componente de la estrategia hondureña es la creación de una red consular digital para ampliar el acceso de los compatriotas a servicios desde Estados Unidos.
Flores Bermúdez explicó que, antes de asumir sus funciones en Washington, sostuvo reuniones con funcionarios de Gobierno Digital, el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto Nacional de Migración para analizar la articulación de esa plataforma.
La intención es integrar a las instituciones que administran documentos esenciales para los hondureños en el exterior.
El RNP maneja la identificación nacional, mientras que Migración tiene a su cargo los pasaportes.
La reunión con autoridades estadounidenses también incluyó temas económicos, de seguridad y cooperación tecnológica.
Flores Bermúdez destacó la reciente aprobación de la reforma del sector energético y afirmó que esta fue recibida positivamente por funcionarios estadounidenses.
Además, se abordaron los aranceles aplicados a productos hondureños, las oportunidades de inversión y la cooperación en nuevas tecnologías, incluida la evolución hacia redes de sexta generación y su posible relación con aplicaciones de inteligencia artificial.
El embajador también mencionó avances de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) en estudios de factibilidad vinculados con infraestructura portuaria hondureña.
Para Honduras, estos temas forman parte de una agenda más amplia que busca sostener la relación bilateral más allá del tema migratorio.
No obstante, el asunto del TPS sigue siendo el punto más urgente por el impacto humano, económico y social que puede generar su finalización.
Flores Bermúdez reconoció que la política migratoria estadounidense nunca apuntó hacia una ampliación del programa y que el Gobierno hondureño no espera un cambio sustancial en esa posición.
Por esa razón, la estrategia ahora se concentra en evitar un retorno repentino, ampliar la orientación legal, fortalecer la red consular y preparar al país para recibir a quienes eventualmente regresen.
La reunión con el DHS deja claro que Honduras no logró revertir la decisión sobre el TPS, pero intenta abrir espacio para una transición menos traumática.
El desafío será convertir ese planteamiento en mecanismos concretos que den tiempo a los tepesianos, protejan sus derechos y permitan al Estado hondureño responder con empleo, servicios, documentación y condiciones mínimas para una reinserción digna.
