Por Karen Ordóñez colaboración especial para El Mundo HN
Tegucigalpa. – El inquietante uso del trato en las compras directas de insumos médicos para contrarrestar la propagación de la enfermedad del coronavirus (Covid-19), de parte de la Secretaria de Salud (Sesal), de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras) y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), se ha vuelto vulnerable ante la opinión pública al promover riesgos de corrupción por los conflictos de interés.
En ese sentido, para evitar esa situación se requiere de un “sistema específico de transparencia”, ya que no basta con solo optar a una calificación y obtener un reconocimiento público de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sino de evitar las anomalías en las tendencias y comportamiento de las instituciones del Estado, esto con el objetivo de que la gran cantidad de contrataciones directas que realizan estas instituciones con empresas privadas no tengan implícito un sinnúmero de abusos en el uso de los fondos públicos.
Por lo tanto, se debe restringir la mayoría de esas compras de dedo que se realizan por trato directo y considerar más las compras vía licitaciones públicas. Dicho de otra manera, lo más correcto es seguir la vía legal desde regular hasta tener una competencia muy abierta.
En el caso del sector salud, se vuelve tan vulnerable a los riesgos de corrupción y más por la actual emergencia sanitaria que vive el mundo entero, lo que es peor, se pueden obviar los procesos de licitación pública, esto evidentemente se presta a promover el uso de convenios entre los entes públicos y las empresas privadas que de alguna manera tienen relación directa con funcionarios públicos provocando algunas ventajas exclusivas en perjuicio del interés general y por ende, se hace difícil garantizar una administración eficiente y eficaz de los recursos del tesoro público.
¿Qué se quiere decir con esto?, que dichas contrataciones se prestan a ser cerradas y poco transparentes y, no ayudan a la dinamización de la economía nacional que tanto se ve afectada por este tipo de situaciones.
Por esta razón, la transparencia pública debería ayudar a los Estados a funcionar mejor, a fin de tomar decisiones más eficientes y eficaces sobre todo en el proceso presupuestario al momento de diseñar, implementar, ejecutar y evaluar las políticas públicas, teniendo como objetivo que las mismas sean verdaderamente exitosas.
De tal manera que, el propio Gobierno tiene la obligación de dar a conocer públicamente la calidad de los tipos de materiales de protección e insumos de bioseguridad, los precios y los perfiles de los adjudicatarios de los mismos, todo con el fin de evitar la falta de publicación, la especulación y la ponderación de datos, teniendo en cuenta el interés público de informar a los hondureños sobre cómo se están manejando los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones.
En ese sentido, durante la emergencia por la pandemia, diversos medios de comunicación han denunciado la falta de publicación de los contratos de suministro y otros.
Y es que, desde el 11 de marzo que la Administración Central declaró oficialmente la presencia del Covid-19 en Honduras, se crearon diversas medidas económicas para apoyo a los más necesitados por la emergencia sanitaria. Es así, como se ha dado ciertas polémicas entre varios sectores del país, incluyendo sociedad civil, empresa privada, medios de comunicación y la oposición.
A raíz de tanta corrupción en Honduras, la mayoría de la población hondureña considera que después de seguridad pública, el desempleo, la educación y la salud, la corrupción es uno de los problemas que más afecta a la nación centroamericana.
Desde hace varios años se han implementado ciertas estrategias para combatir la corrupción, sin embargo, el problema radica en pensar que la transparencia es capaz, por sí sola, de eliminar las causas y las consecuencias de la corrupción en un país como Honduras, pero no es así, mientras siga la ausencia de mecanismos sancionatorios eficaces de nada servirá el esfuerzo que de cierta manera se logre hacer.
Actualmente. claramente se ha logrado ver durante la vigente emergencia sanitaria la sobrevaloración de las compras que se pretendían hacer y otras que quizás se hicieron.
Por consiguiente, el gobierno ante la presión de diferentes sectores y con el fin de coadyuvar al proceso de transparencia de las compras, contrataciones y donaciones derivadas de la emergencia sanitaria, mediante Acuerdo SE-004-2020, estableció crear el “Portal de Transparencia para la emergencia por el Covid-19”, con el objetivo de que la población pueda obtener información de interés relacionada a la pandemia en el país.
Con lo anterior, se obliga a las instituciones públicas a rendir cuentas sobre el manejo de los recursos económicos suministrados para la erradicación de la propagación del coronavirus, de hecho, esto es parte de la implementación de medidas que deberían permitir el uso eficiente de los recursos públicos.
Además de estar orientado a contribuir a la estabilidad económica y salvaguardar la vida de los más necesitados y evitar los sonados casos de corrupción que se efectúan por parte de funcionarios o empleados públicos.
Por otra parte, se ha constatado según la página oficial de la Sefin que hasta el pasado 8 de mayo se han gastado más de tres mil 340 millones de lempiras en concepto de contratación de recurso humano de salud y asistencia humanitaria, compra de equipo médico, equipo de protección, transporte de muestras, insumos de bioseguridad, reactivos, medicamentos, capacitación, mejoras de infraestructura, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos a través de saco y bolsa solidaria que contiene principales productos de la canasta básica.
A pesar de que la Sefin en apegó a los principios de transparencia, todos los fondos asignados al combate del Covid-19 y su respectiva ejecución se reflejará en su página oficial, actualizándose regularmente, no cabe duda que ante el pánico por la crisis de la pandemia los precios en los artículos cualquiera que sea su naturaleza se elevaran, pero para nadie es desconocido el valor sobrevalorado en las adquisiciones públicas, el cual podría reflejarse como triplicado ya que se consideran productos escasos, como por ejemplo en insumos de bioseguridad, reparación de hospitales, creación de hospitales móviles, medicamentos y otros de parte de Invest-H, Copeco y otras instituciones públicas.
Hasta la fecha solo el exministro de Copeco ha sido separado de su cargo por compras sobrevaloradas, pero sin investigaciones o requerimientos de parte de la fiscalía correspondiente.
En conclusión, Honduras requiere que los servidores públicos ante las diferentes demandas sociales, generen un cambio de actitud positiva y ética que aporte a la formulación de nuevas estrategias de políticas públicas, más acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad hondureña.
De la misma forma, que se creen leyes y, que la normatividad institucional los obligue a orientar y elegir su propia conducta en beneficio del bien común y no del suyo propio, pero ante todo que estén realmente comprometidos con la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la adopción de algunas normas o valores, solo así, el país podría ver una nueva puerta al futuro incierto que vive.
