Tegucigalpa – Las cifras oficiales presentadas por el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, indican una reducción significativa en las muertes violentas de mujeres durante 2024, con un impacto notable en el departamento de Olancho, donde se reportan 178 menos muertes en comparación con 2023.
A nivel nacional, las autoridades contabilizan 183 «vidas salvadas» respecto al año anterior.
Sin embargo, estos datos contrastan con la realidad inmediata que enfrenta el país en los primeros días de 2025. En tan solo cuatro días, Honduras ha registrado cuatro feminicidios brutales:
- En Catacamas, Olancho, Angie Nicolle Rivera Galeano, de 20 años, fue asesinada por su pareja
- En Dulce Nombre de Culmí, Leydi Santos perdió la vida en un ataque armado
- En Choluteca, Dalila Iveth Reyes fue víctima de violencia doméstica que culminó en feminicidio
- En Choloma, una joven de aproximadamente 20 años fue encontrada desmembrada
Martínez Madrid atribuye la persistencia de la violencia contra las mujeres a factores estructurales como la baja educación, el consumo de alcohol y drogas, y el arraigado comportamiento machista en la sociedad hondureña.
Las autoridades destacan el incremento del 185% en decomisos de armas de fuego como parte de las medidas preventivas, especialmente en zonas críticas como Catacamas.
No obstante, organizaciones feministas, que reportaron 270 muertes violentas de mujeres en 2024, mantienen su postura crítica frente a las estadísticas oficiales. Estas organizaciones enfatizan que ninguna mujer debería perder la vida por razón de su género y exigen la implementación de políticas públicas más efectivas con sanciones severas para prevenir y castigar los feminicidios.
El contraste entre las cifras oficiales y la realidad cotidiana subraya la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de protección para las mujeres hondureñas, más allá de las medidas tradicionales de seguridad.
El inicio sangriento de 2025 plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas actuales y la necesidad de un enfoque más integral en la prevención de la violencia de género.
