Tegucigalpa – Al menos 650 conflictos sociales vinculados principalmente al Estado de derecho, economía y política se registraron en 2022, alrededor de 84 por ciento más que en 2021, reportó este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la presentación del informe “Conflictividad Honduras 2022: De la transición a la acción”.
El documento detalla los resultados del registro y análisis de conflictos en un año marcado por la transición política, con efectos en las instituciones públicas, la entrega de servicios públicos y relaciones gobierno-sociedad.
Por segundo año consecutivo, ASJ presentó los resultados del monitoreo de conflictividad en el país. En 2021, en el informe “Conflicto y violencia política en las elecciones de Honduras 2021: Causas, detonantes y oportunidades de mitigación” analizó el contexto de volatilidad por la polarización y violencia política. Este esfuerzo contribuyó a promover una campaña de prevención de violencia con actores de sociedad civil, sector privado, academia y cooperación internacional.
En 2021, Honduras se situó en uno de los momentos de mayor fragilidad en la última década, como uno de los 60 países más frágiles del mundo, por lo que es considerado como un país de “alerta elevada” según el Índice de Estado Frágil.
En 2022, el informe de ASJ remarca los conflictos estructurales del país como la inseguridad ciudadana, la problemática de las tierras y el frágil Estado de derecho, así como, los coyunturales producto del contexto país.
Con 297 conflictos más que en 2021, el año pasado se reportaron 274 conflictos relacionados al Estado de derecho (41 por ciento), 144 económicos (22 por ciento), 135 políticos (22 por ciento), 92 de índole institucional (14 por ciento) y cinco electorales (uno por ciento).
Los conflictos relacionados al Estado de derecho incrementaron 138 por ciento en 2022 en comparación con 2021, lo que refleja debilidades en el control territorial, protección de la vida, aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, los conflictos políticos aumentaron en mil 182 por ciento, mientras los conflictos por tierras, que históricamente han sido más visibles en la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, en 2022 se extendieron a cinco departamentos más, entre ellos: Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira.
En cuanto a la frecuencia, la ASJ contabilizó un promedio de 54 conflictos mensuales. Octubre y noviembre fueron los meses con mayor registro de conflictos.
