Tegucigalpa, Honduras.— Honduras necesita el respaldo de la comunidad internacional y la plena puesta en marcha de su ley de protección para atender a las 423,845 personas desplazadas por la violencia y los desastres naturales, advirtió este miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en el país centroamericano.
En una entrevista en Tegucigalpa, la representante de Acnur en Honduras, Kathryn Lo, enfatizó que el Estado hondureño no puede enfrentar este fenómeno de forma aislada, sino que requiere una respuesta transversal que involucre a todos los sectores. «Creo que es un trabajo que realmente requiere la colaboración de las comunidades y el Estado en todos sus niveles; la cooperación internacional, las comunidades afectadas, toda la sociedad, porque es un fenómeno que realmente afecta a todo el país», sostuvo la funcionaria.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, un total de 423,845 personas, que representan el 4.5 % de la población de Honduras, se han visto obligadas a desplazarse internamente en algún momento de su vida como consecuencia de la violencia y los desastres naturales. Para Lo, la oficialización de estas cifras constituye un «avance importante» para que el Estado reconozca y dimensione un fenómeno que antes era difícil de cuantificar.
No obstante, la representante de Acnur subrayó que detrás de la estadística hay «historias distintas» que deben entenderse como una llamada a la acción y una reflexión sobre cómo avanzar en la prevención de la violencia y en la protección de las familias afectadas por este fenómeno, reconocido por Honduras desde 2013. «Detrás de estas cifras debemos recordar que hay personas.
Cada número representa a un niño, una niña, que tuvo que salir de su escuela, a un padre o una madre que tenía que pensar o buscar la seguridad para la familia y tomaron la decisión, muy difícil, de salir de su hogar», enfatizó Lo con un tono que refleja la dimensión humana del problema.
El desplazamiento forzado afecta de manera desproporcionada a mujeres, que representan alrededor de un 55 % de los casos, así como a jóvenes de entre 15 y 34 años, quienes concentran cerca de un 38 %. Aunque Honduras aprobó en 2022 una ley de protección al desplazado interno, Lo dijo que el desafío inmediato es su ejecución real, lo que incluye la aprobación de su reglamento y la activación de un fondo de asistencia humanitaria para brindar soluciones duraderas a las víctimas.
«Muchas instituciones del Estado están trabajando en la respuesta y en la prevención, pero hay mucho más que pueden hacer, por ejemplo, avanzar con la política nacional de prevención del desplazamiento forzado», precisó la funcionaria.
La representante de Acnur alertó además sobre un grupo de 163,000 personas que sufren una doble vulnerabilidad: huyen de la criminalidad para terminar en zonas de alto riesgo por inundaciones o pasan de una emergencia climática a contextos de inseguridad.
Ante este panorama, la agencia de la ONU llamó a diseñar respuestas diferenciadas que incorporen protección, asistencia humanitaria y soluciones sostenibles, con atención especial a las necesidades de cada familia. En relación con las mujeres desplazadas, Lo indicó que muchas enfrentan violencia de género y que una de sus principales demandas es acceder a servicios cercanos, seguros e integrales, especialmente en zonas rurales o apartadas.
En igual sentido, Acnur urge para que la infancia expuesta a este tipo de fenómenos cuente con servicios como escuelas seguras que reduzcan los riesgos de exclusión, abandono escolar y reclutamiento forzado.
Con estas advertencias, la ONU reafirma su compromiso de acompañar a Honduras en la construcción de un marco de protección que no solo responda a la emergencia, sino que siente las bases para un futuro donde ninguna familia tenga que abandonar su hogar por miedo o por necesidad.
