Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, expresó este martes el respaldo del gobierno hondureño al proyecto de “Ley Dignidad” reintroducido en el Congreso de Estados Unidos, indicando que la administración nunca se opondrá a ninguna legislación que beneficie a los migrantes hondureños en territorio estadounidense.
La declaración de Paz surge como reacción al proyecto promovido por la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca ofrecer una solución definitiva a miles de migrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal y el programa DACA. Esta iniciativa fue reintroducida este martes en el Congreso estadounidense tras haber permanecido engavetada desde 2023 por falta de apoyo político.
El funcionario migratorio hondureño reconoció que no conoce la propuesta a profundidad, por lo que esperará para “ver qué resultados tienen y vamos a aplaudir cualquier tipo de medida que beneficie a nuestros hermanos a pesar de cualquier diferencia política con la congresista María Elvira Salazar”. Esta posición refleja la prioridad que otorga el gobierno hondureño al bienestar de sus connacionales por encima de consideraciones políticas.
La “Ley Dignidad” representa una de las iniciativas migratorias más ambiciosas de los últimos años en Estados Unidos, ya que de ser aprobada otorgaría residencia permanente tanto a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal como a los del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Esta medida constituiría uno de los avances más significativos en materia migratoria de las últimas décadas.
Para Honduras, este proyecto reviste particular importancia considerando que miles de hondureños se encuentran bajo el amparo del TPS debido a las crisis políticas, económicas y de violencia que han afectado al país centroamericano durante los últimos años. El TPS ha proporcionado protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a hondureños que no pueden regresar a su país de origen debido a condiciones extraordinarias.
El proyecto de ley había sido originalmente presentado en 2023 por la congresista Salazar, pero no logró el apoyo político necesario para avanzar en el proceso legislativo. Sin embargo, según observadores del tema migratorio, el panorama actual es más favorable para la aprobación de este tipo de iniciativas, especialmente considerando la naturaleza bipartidista del proyecto que cuenta con el apoyo de congresistas republicanos y demócratas.
La posición del gobierno hondureño de respaldar cualquier medida que beneficie a sus connacionales, independientemente de diferencias políticas con los promotores, refleja una política pragmática en materia migratoria. Esta aproximación reconoce que los intereses de los migrantes hondureños trascienden las divisiones político-partidistas tanto en Honduras como en Estados Unidos.
De concretarse la aprobación de la “Ley Dignidad”, miles de familias hondureñas podrían obtener estabilidad migratoria permanente en Estados Unidos, lo que tendría implicaciones importantes tanto para las remesas familiares como para las comunidades hondureñas establecidas en territorio estadounidense. Las remesas constituyen una fuente vital de divisas para la economía hondureña y representan el sustento de cientos de miles de familias en el país.
El director del INM enfatizó que el gobierno hondureño mantendrá una posición de apoyo a todas las iniciativas legislativas que puedan mejorar las condiciones de vida y el estatus legal de los hondureños en Estados Unidos. Esta política refleja el reconocimiento gubernamental de que la migración es un fenómeno complejo que requiere soluciones integrales que beneficien tanto a los migrantes como a los países de origen.
La reintroducción de la “Ley Dignidad” ocurre en un momento donde la administración Trump ha anunciado políticas migratorias más restrictivas, lo que podría complicar las perspectivas de aprobación. Sin embargo, el carácter bipartidista del proyecto y su enfoque en la regularización de personas que han demostrado arraigo en la sociedad estadounidense podría generar el consenso necesario para su eventual aprobación.
Para el gobierno hondureño, el apoyo a esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de diplomacia migratoria que busca proteger los derechos de sus connacionales en el extranjero y promover políticas que reconozcan las contribuciones económicas y sociales de los migrantes hondureños a las sociedades de destino.
