Tegucigalpa, Honduras. – Honduras volverá a estar bajo examen internacional por el uso del juicio político, una figura que recientemente fue aplicada para destituir al fiscal general Johel Zelaya y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.
El Estado hondureño comparecerá el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia solicitada por diversas organizaciones que señalan un presunto incumplimiento de la sentencia emitida en 2023.
Ese fallo ordenó al país reformar el mecanismo del juicio político para garantizar la independencia judicial y evitar afectaciones a las garantías mínimas del debido proceso.
La canciller Mireya Agüero confirmó que la representación del Estado estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Frente a esta solicitud el procurador Dagoberto Aspra y alguien de su equipo de asesores estará compareciendo ante esta sesión”, manifestó Agüero, al explicar que la convocatoria fue trasladada oficialmente por Cancillería a la PGR.
El caso abre nuevamente el debate sobre el cumplimiento de las resoluciones internacionales por parte de Honduras.
El exdirector del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, advirtió que ignorar las recomendaciones de la CIDH podría exponer al país a una nueva condena.
En la misma línea, el abogado Joaquín Mejía, representante de las organizaciones que solicitaron la audiencia, sostuvo que los recientes juicios políticos impulsados en el Congreso Nacional demuestran que el Estado no ha corregido las deficiencias señaladas por el tribunal internacional.
“No se respeta el derecho a la defensa, las mínimas garantías que cualquier Estado de derecho debería garantizar, y por tanto (…) hay muchas posibilidades de que resulte otra vez en una condena”, afirmó Mejía.
No todos coinciden con esa lectura. El analista Kenneth Madrid consideró que las observaciones formuladas por la Corte estaban dirigidas a procesos de naturaleza judicial y no necesariamente a un juicio político.
Por ello, estimó que el caso podría no trascender más allá de la audiencia ya programada.
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el delegado adjunto Ricardo López lamentó que Honduras mantenga un bajo nivel de cumplimiento de las sentencias internacionales.
López señaló que, aunque el Estado suele ofrecer disculpas públicas y divulgar los fallos, las reformas estructurales ordenadas por la CIDH siguen pendientes.
Además de reformar el juicio político, la sentencia de 2023 también ordenó al Estado indemnizar a cuatro exmagistrados destituidos en 2012, por un monto aproximado de 53.3 millones de lempiras.
La audiencia del 5 de agosto será clave para conocer cómo justificará Honduras la aplicación reciente del juicio político y qué avances presentará sobre una reforma que continúa pendiente.
