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Honduras retrocede 14 puntos en el índice de percepción de corrupción, según informe de TI

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Tegucigalpa. – Transparencia Internacional (TI) dio a conocer recientemente los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que Honduras figura en el puesto 146 de 180 países evaluados a nivel mundial.

El IPC califica a 180 países en cuanto a los niveles de corrupción tomando en cuenta las evaluaciones de 13 expertos y encuestas a empresarios, donde 0 simboliza una corrupción elevada, y 100, es sin corrupción.

De acuerdo con el reporte, Honduras durante 2019, fue evaluada con un 26, ubicándose en la posición 146, números desalentadores, considerando que, en 2018, obtuvo un puntaje de 29 en la posición 132.

Los números obtenidos, demuestran un deterioro en niveles de confianza de los hondureños en cuanto al liderazgo de las instituciones políticas, por la falta de compromiso de combatir y castigar la corrupción.

Sobre la evaluación, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, manifestó que, “no podemos desconocer que la realidad que tenemos hoy es otra y por eso es importante la participación de la ciudadanía para reclamar transparencia. Honduras demanda y requiere la valentía, el esfuerzo y el compromiso de todos los que lo amamos para poder revertir esta situación”.

En Centroamérica, Honduras ocupa el segundo lugar en percepción con alta corrupción, antecedido por Nicaragua que tiene el puesto 161; caso contrario pasó con Costa Rica, establecido en el lugar 44, siendo el más transparente en esa zona del continente americano.

Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina, y Uruguay y Chile como los más limpios, según Transparencia Internacional (TI), que denunció que la región ha sido incapaz de hacer progresos significativos.

A nivel internacional, Dinamarca y Nueva Zelanda abren el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), que cierran Somalia, Sudán del Sur y Siria, en una clasificación en la que la ONG alemana ve un “pasmoso número” de países con una mejora mínima o nula.

La coordinadora regional para las Américas de TI, Teresita Chávez, lamentó en una entrevista con EFE que América Latina lleve cuatro años “atascada”, sin registrar mejoras. “Esto demuestra que la región fracasa en la lucha contra la corrupción”, argumentó la experta, que relacionó esta lacra con las protestas en Chile y Panamá.

A su juicio, la región latinoamericana arrostra “retos significativos de líderes políticos que actúan en sus propios intereses a expensas de los ciudadanos” e hizo hincapié en los problemas del financiamiento partidario, las consultas públicas de la acción de gobierno y la integridad electoral. La corrupción, agregó, acaba “desgastando” a la democracia.

El caso Odebrecht

Chávez destacó como sintomático de la región el escándalo Odebrecht, “uno de los mayores a nivel global”, que se extiende por 10 países latinoamericanos donde la constructora brasileña entraba a través de “donaciones” a partidos en campaña.

Junto a Uruguay (puesto 21, 71 puntos) y Chile (puesto 26, 67 puntos), tan solo Costa Rica (56 puntos) aprueba entre los latinoamericanos. A continuación, se encuentran Cuba (48), Argentina (45), Ecuador (38), Colombia (37), Panamá y Perú (36).

Tras estos países se encuentran Brasil (35), El Salvador (34), Bolivia (31), México (29), República Dominicana y Paraguay (28), Guatemala y Honduras (26). Cierran la clasificación Venezuela (puesto 173, 16 puntos) y Nicaragua (puesto 161, 22 puntos).

Índice de corrupción

En el terreno negativo, la coordinadora regional resaltó el “decepcionante” caso de Honduras, que acaba de cerrar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la “preocupante” situación de Brasil, donde se han dado “nulos avances”, y las fuertes caídas en el CPI de Nicaragua y Venezuela.

Estos dos países, agregó, tienen “mucho en común”: “muchas grandes violaciones de los Derechos Humanos”, “opresión de la oposición”, “servicios públicos deficientes” y acción de gobierno sin consultar a los ciudadanos. En Venezuela el “quebranto de la democracia” se acerca al punto de “Estado fallido”, añadió.

Con cauto optimismo percibió la evolución de Ecuador tras el referéndum y la puesta en marcha de una agencia nacional anticorrupción. “Mejora, pero queda mucho por hacer”, explicó.

La financiación de la política

En términos globales, el informe de TI centra sus dardos en “el papel corruptor del ‘gran dinero’ en el financiamiento de los partidos políticos” y destaca la creciente “frustración” con las prácticas ilegítimas de los gobiernos y la falta de confianza en las instituciones, que considera que erosiona la democracia en su conjunto.

El informe resalta que “las protestas, de América Latina al Norte de África, de Europa oriental a Asia central coparon titulares cuando los ciudadanos marcharon en Santiago (de Chile), Praga, Beirut y otras ciudades para dar voz a su frustración en las calles”.

Tras Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Luxemburgo. En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.

Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto 80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos).

España gana cuatro puntos con respecto al informe anterior, hasta los 62, y asciende a la trigésima posición desde la 41. La mejora sin embargo no le sirve para alcanzar la media europea, situada en los 66 enteros.

Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.

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