Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la renovación por dos años de la misión que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El proyecto recibió 19 votos a favor, cinco en contra y 23 abstenciones.
De los latinoamericanos que tienen voto en el Consejo, Brasil y Paraguay acompañaron el proyecto; Argentina, México y Honduras se abstuvieron; y Bolivia, Cuba y Venezuela lo hicieron en contra.
Entre quienes no apoyaron la iniciativa, ya sea obteniéndose a la hora de votar o no impulsando la presentación ante el Consejo, y que sí habían respaldado a la misión anteriormente están Argentina, Honduras (se abstuvieron), Colombia, Guyana y Perú (no acompañaron la presentación).
La resolución L.41 presentada con el apoyo de 39 países condenó las graves violaciones de DDHH en Venezuela y pidió la renovación por dos años más el mandato de la Misión Independiente de la ONU que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Los firmantes del documento analizado este viernes en el Consejo de DDHH en Naciones Unidas son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Grecia, Guatemala, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos y Uruguay.
Las naciones indicaron que acogen con “satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela” y expresaron “su preocupación por las continuas y graves violaciones, y abusos de los derechos humanos en Venezuela”.
Dentro de esas graves violaciones, enumeraron el “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6.8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis.
Luego subrayaron la convicción de que sólo un camino pacífico y democrático es la solución a la actual crisis en Venezuela y que dicha solución “está en manos del pueblo venezolano”.
Los países condenaron “enérgicamente todas las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
En otro orden, instaron al estado de Venezuela a que aplique las recomendaciones contenidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, expresaron su profunda preocupación por la “continua erosión del Estado de Derecho y la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales”; al tiempo que condenaron enérgicamente “la represión y la persecución generalizadas por motivos políticos, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En otro ítem, instaron a Venezuela a que “libere inmediatamente a todos los presos políticos y todas las demás personas privadas de libertad de forma ilegal o arbitraria”; y pidieron que la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente de Investigación cuenten con todos los recursos necesarios y con el apoyo administrativo, técnico y logístico para llevar a cabo sus respectivos mandatos.
