Tegucigalpa, Honduras. – Los números son fríos pero cada uno tiene nombre: Honduras registra alrededor de 20 homicidios más en comparación con el mismo período del año anterior, en una variación que estadísticamente no supera el 1% pero que la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, se negó a minimizar con ese argumento técnico.
«Son 20 personas que no debieron morir si tuviéramos una verdadera seguridad en el país», advirtió la experta, en una frase que devuelve la dimensión humana a una estadística que el debate político suele convertir en porcentaje.
El promedio de violencia homicida se mantiene en aproximadamente seis muertes diarias, similar al del año pasado, con marzo como el mes que ha registrado el mayor número de víctimas en lo que va del año.
Ayestas explicó que aunque el comportamiento general es estable en promedio anual, los hechos aislados —incluso los no confirmados— generan una percepción generalizada de aumento de inseguridad que afecta la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de lo que digan las estadísticas.
Las raíces que el control policial no puede arrancar solo
La directora del Observatorio fue contundente al desmontar la idea de que la violencia se resuelve únicamente con más policías en las calles: el problema tiene raíces estructurales que ningún operativo puede atacar por sí solo. Pobreza, marginación, desempleo y presencia de maras y pandillas con control territorial son los factores que sostienen la violencia homicida en Honduras, en una combinación que se reproduce generación tras generación mientras el Estado no resuelva las causas de fondo.
Uno de los hallazgos más perturbadores que señaló Ayestas es que el crimen organizado aprovecha los períodos de transición gubernamental y los cambios en las autoridades de seguridad para fortalecer sus operaciones, en un patrón que convierte cada cambio de gobierno en una ventana de oportunidad para las estructuras criminales.
«Los grupos criminales no dejan de operar porque se manejan al margen de la ley e incluso buscan influir en funcionarios para que estos dejen hacer y dejen pasar», afirmó la experta, señalando la corrupción institucional como un habilitador fundamental de la criminalidad organizada.
De país de tránsito a país productor de cocaína
La alerta más grave que lanzó la directora del Observatorio trasciende los homicidios cotidianos: Honduras estaría atravesando una nueva etapa en el tráfico de drogas, pasando de ser un país de tránsito a uno con cultivos destinados a la producción de cocaína, en una transformación que elevaría significativamente el arraigo territorial del narcotráfico y la violencia asociada a la disputa por esas zonas de cultivo.
Los departamentos que Ayestas identificó con mayor presencia activa del crimen organizado son Olancho, Colón, Islas de la Bahía y Atlántida, mientras que en otras regiones el control territorial está en manos de maras y pandillas que han establecido reglas propias que los ciudadanos deben acatar.
«En muchos barrios, las estructuras criminales imponen reglas de entrada y salida incluso a los propios habitantes», advirtió, en una descripción que ilustra el nivel de captura territorial que el crimen ha alcanzado en zonas donde el Estado prácticamente no existe.
La ruta del dinero como clave
Ayestas reconoció como positivo el enfoque del actual titular de Seguridad de «darle rostro al delito», pero insistió en que identificar a los perpetradores directos no es suficiente si no se persigue a los verdaderos responsables y beneficiarios de la criminalidad.
La clave, sostuvo, está en atacar las estructuras financieras del crimen organizado: «El punto clave es debilitar las estructuras atacando la ruta del dinero. Es un trabajo conjunto entre Seguridad, Finanzas y el Ministerio Público», en un modelo de persecución integral que Honduras todavía no ha logrado implementar de manera sostenida y que la directora del Observatorio considera indispensable para que las capturas sean efectivas y los responsables terminen donde deben estar: en la cárcel.
