Tegucigalpa, Honduras. – Honduras carga con el título más vergonzoso que una nación puede tener en materia de derechos humanos: la tasa más alta de femicidios en América Latina. Así lo advirtió este domingo el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, quien presentó cifras que desnudan la magnitud de una crisis que el país normaliza con cada caso que pasa sin condena y sin justicia.
La estadística que más golpea es la que reduce el drama a su expresión más cruda: «Una mujer es asesinada cada día y medio» en Honduras, en un ritmo de muerte que ninguna campaña de prevención, ningún operativo policial y ningún discurso oficial ha logrado detener de manera sostenida.
La tasa hondureña de 2.3 femicidios por cada 100,000 mujeres supera a Guatemala, que ocupa el segundo lugar en Centroamérica con 1.9, confirmando que Honduras no solo lidera esta estadística regional sino que lo hace con una brecha significativa respecto al siguiente país en la lista.
Las víctimas más jóvenes
Uno de los hallazgos más alarmantes del análisis de la ASJ apunta a quiénes están muriendo: el 37% de los femicidios corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años, mujeres que apenas inician su vida adulta y que se convierten en el perfil de víctima más frecuente del crimen más extremo de la violencia de género. «Es la víctima más común y eso preocupa enormemente», subrayó Castañeda, en una estadística que obliga a preguntarse qué está fallando en los entornos donde estas jóvenes viven, estudian y se relacionan.
Geográficamente, el problema se concentra en los centros urbanos: el 67.2% de los femicidios ocurre en zonas urbanas, con Tegucigalpa, Choloma y El Progreso como las ciudades de mayor incidencia, mientras el 32.8% restante se registra en áreas rurales donde la invisibilidad de los casos y la lejanía de las instituciones agravan aún más la impunidad.
El trinomio que ha fallado
El director de Seguridad de la ASJ no ahorró palabras al señalar las responsabilidades institucionales: «La Policía Nacional, el Ministerio Público de Honduras y el Poder Judicial de Honduras han fallado. El que protege, el que investiga y el que condena: ese trinomio ha fallado históricamente», afirmó Castañeda, en una declaración que apunta a la raíz estructural del problema y que coincide con lo que organizaciones de mujeres llevan años denunciando.
El análisis de la ASJ revela que el fracaso no es de una sola institución sino de la falta de articulación entre múltiples actores que deberían funcionar como un sistema integrado de protección y justicia para las mujeres en riesgo. Cuando esa cadena se rompe —cuando la denuncia no se investiga, cuando la investigación no llega al juicio, cuando el juicio no produce condena— la impunidad se instala como norma y la violencia encuentra el campo libre para reproducirse.
El caso de Nilcia Pamela Chávez Pérez, la trabajadora del Hospital Escuela asesinada el pasado 3 de abril en Tegucigalpa después de haber denunciado a su agresor dos veces sin obtener protección, es la fotografía más reciente y más dolorosa de ese sistema que Castañeda describe como estructuralmente fallido.
La ASJ reiteró el llamado a fortalecer las acciones institucionales y a construir una respuesta integral que trascienda los operativos coyunturales y ataque las causas profundas de la violencia contra las mujeres en Honduras, en un país donde cada día y medio una familia entera pierde a una de sus mujeres y el sistema que debía protegerla todavía no ha aprendido cómo hacerlo.
