Tegucigalpa, Honduras.— Este martes 18 de noviembre, una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California podría cambiar el destino de más de 44,000 hondureños que han vivido por más de dos décadas en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El programa, otorgado tras la devastación del huracán Mitch en 1998, fue cancelado en 2018 por la administración de Donald Trump, con una fecha de terminación fijada para el 8 de septiembre de 2025.
Desde entonces, los beneficiarios han vivido en un limbo legal, sin poder renovar sus permisos de trabajo ni sus licencias de conducir, y con la espada de Damocles de una deportación masiva sobre sus cabezas.
La audiencia judicial de este martes es clave porque podría reinstalar provisionalmente los beneficios del TPS mientras se resuelve el litigio de fondo, un caso colectivo que denuncia que la terminación del programa fue arbitraria, discriminatoria y políticamente motivada.
Para muchos migrantes, se trata de su “última carta” para mantener la estabilidad que han construido en suelo estadounidense, donde criaron hijos ciudadanos, compraron casas y contribuyeron con impuestos durante más de 25 años.
Sin embargo, lo que más ha indignado a la comunidad hondureña en el extranjero es la ausencia de una defensa diplomática activa por parte del gobierno de Tegucigalpa.
Según líderes migrantes, las autoridades hondureñas “han mirado hacia otro lado”, pese a que las remesas enviadas por estos trabajadores representan el 27% del PIB nacional —más de 8,000 millones de dólares anuales— y sostienen a millones de familias en el país.
“Nos sentimos traicionados. El gobierno habla de los migrantes en discursos, pero cuando hay que actuar, nos dejan solos”, declaró a una líder comunitaria de Los Ángeles, citada en informes recientes.
Organizaciones como Alianza Américas y el Comité de Defensa del TPS han denunciado que, mientras países como El Salvador y Nicaragua han negociado extensiones o acuerdos con Washington, Honduras no ha presentado una estrategia clara de defensa.
Desde su implementación en 1999, el TPS ha sido prorrogado 18 veces por distintas administraciones, convirtiéndose en un mecanismo no solo humanitario, sino también económico y socialmente vital.
Hoy, muchos beneficiarios ya no tienen lazos reales con Honduras: sus hijos nacieron en EE. UU., no hablan español con fluidez y jamás han pisado el país.
Si la Corte del Noveno Circuito falla a favor de los migrantes, se detendría —al menos temporalmente— el proceso de terminación y se restablecerían los documentos legales.
Pero si ratifica la cancelación, comenzará una carrera contra el tiempo para buscar vías alternativas, como asilos, ajustes de estatus o beneficios por casamiento, opciones que no están disponibles para todos.
Cabe destacar que, incluso si hay una victoria parcial este martes, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, prolongando la incertidumbre.
Mientras tanto, en ciudades como Houston, Nueva York, Los Ángeles y Nueva Orleans, miles de familias hondureñas esperan en silencio, con la esperanza de que la justicia les conceda un futuro digno, lejos del caos, la violencia y la pobreza que los obligaron a huir hace más de 25 años.
