Tegucigalpa, Honduras.— El sueño de regularizar su situación migratoria en España se ha convertido en una carrera contra el tiempo para miles de hondureños. Aunque el Gobierno español aprobó el 14 de abril un decreto que prevé otorgar permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes, muchos connacionales enfrentan un obstáculo imprevisto: la demora en la obtención de la hoja de antecedentes penales, requisito indispensable para acceder al beneficio.
María, una hondureña que partió del país hace tres años hacia España, representa la esperanza y la frustración de miles. Mientras ve un futuro más estable en territorio europeo, el trámite de su documento de antecedentes penales se ha convertido en un freno que pone en riesgo su oportunidad.
Su caso no es aislado: se estima que 90 mil hondureños podrían acogerse a esta medida, pero la ralentización en la emisión y apostillado de este documento desde las instancias gubernamentales de Honduras ha generado una ola de inquietud.
El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé Reyes, confirmó a Proceso Digital que la fecha límite para ingresar la solicitud con todos los requisitos es el 30 de junio de 2026.
El diplomático admitió que el principal «cuello de botella» se encuentra precisamente en la solicitud de la hoja de antecedentes penales, un proceso que no solo implica su emisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también su apostillado por la Cancillería.
Desde ambas instituciones se ha informado que se trabaja para asistir a los connacionales, pero las quejas por los tiempos de espera continúan acumulándose. Ante esta dificultad, el real decreto español contempla una cláusula de respaldo: si el beneficiario no obtiene respuesta del país de origen en un mes, podrá presentar una declaración responsable de haberlo intentado, y será el Gobierno de España quien gestione la solicitud por vía diplomática.
Si tras tres meses no se logra obtener el documento, se notificará al interesado y, después de 15 días, su solicitud se dará por desistida.
Para acceder a la regularización, los migrantes deben acreditar que carecen de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen o en aquellos donde hayan residido durante los cinco años previos a su llegada.
Además, deben haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia continua de al menos cinco meses previos a la solicitud, y no representar riesgos para la seguridad pública o la salud. Quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar condiciones adicionales, como experiencia laboral, vínculos familiares directos o situación de vulnerabilidad certificada.
La iniciativa, que busca reconocer el aporte de quienes ya forman parte activa de la economía española, permite residir y trabajar legalmente durante al menos un año, así como acceder a servicios sociales y sanitarios. La atención presencial requiere cita previa a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comenzó a recibir solicitudes desde el 20 de abril.
Según cifras oficiales, más de 130 mil personas migrantes solicitaron la regularización extraordinaria en la primera semana del plazo establecido, sumando las vías presencial y telemática. Hasta el 30 de abril, se habían asignado 55 mil citas sin registrar incidentes, y el ministerio aseguró que el procedimiento se desarrolla con normalidad. Aunque no se han revelado las nacionalidades de los solicitantes, se estima que entre ellos se encuentran decenas de miles de hondureños.
En el ámbito laboral, la principal patronal española de servicios de atención a personas dependientes, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), ofreció hasta 160 mil puestos de trabajo para inmigrantes que se beneficien de la regularización.
Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, explicó que la medida podría ayudar a cubrir el déficit estructural de profesionales del sector, pero advirtió que «regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar». Por ello, reclaman formación, acreditación de competencias y compromiso de contratación para transformar esta oportunidad en empleo legal y seguro.
Mientras el reloj avanza hacia junio de 2026, los hondureños en España aguardan con expectativa que las gestiones entre ambos gobiernos agilicen los trámites documentales. Para María y miles como ella, cada día de demora no es solo un trámite pendiente: es un sueño que se pospone, pero que aún mantiene viva la esperanza de un nuevo comienzo.
