Madrid, España. – Honduras encabezó en 2025 la lista de países centroamericanos con más ciudadanos nacionalizados en España, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas por El Confidencial.
De acuerdo con los datos, 20,745 hondureños adquirieron la nacionalidad española ese año, seguidos por 8,951 nicaragüenses, lo que evidencia un cambio importante en los flujos migratorios desde Centroamérica hacia territorio español.
Ambas nacionalidades figuran entre las diez más frecuentes en los procesos de naturalización en España, junto a Colombia, Venezuela, Marruecos, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina y República Dominicana.
Uno de los factores que favorece este proceso es que España permite a ciudadanos iberoamericanos solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal, a diferencia del régimen general, que exige 10 años.
La reorientación migratoria hacia España responde a varios elementos. Entre ellos, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, país que durante décadas fue el principal destino de centroamericanos.
A ese cierre progresivo de la ruta estadounidense se suman el idioma compartido, los vínculos históricos y la existencia de comunidades latinoamericanas ya asentadas en España, que funcionan como redes de apoyo para quienes llegan.
Un estudio publicado en la revista Prisma Social sobre migración hondureña femenina identifica tres causas principales de salida: pobreza estructural, violencia endémica y falta de oportunidades laborales y educativas.
El análisis señala que los sistemas educativos débiles y los mercados laborales informales en Centroamérica limitan la movilidad social, alimentando la percepción de que el futuro debe buscarse fuera del país.
En el caso hondureño, el estudio también incorpora la violencia de género, la criminalidad organizada, la extorsión y la debilidad institucional como factores que empujan a muchas mujeres a migrar.
Esa combinación, descrita como “violencia endémica”, convierte la salida del país en una decisión que, en algunos casos, deriva en solicitudes de asilo o protección internacional.
En el caso nicaragüense, la motivación aparece descrita como principalmente económica. Muchas mujeres migrantes mantienen hijos u otras personas dependientes en su país de origen, a quienes envían remesas mientras conciben su salida como una inversión familiar de largo plazo.
La migración, según el estudio citado, no siempre responde a un proyecto individual, sino a una estrategia familiar para sostener hogares, cubrir necesidades y abrir oportunidades a futuro.
Honduras también aparece entre las nacionalidades más frecuentes en las solicitudes de protección internacional en España. A diciembre de 2024, el país europeo registraba 66,719 personas con residencia vigente por protección internacional, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
Dos de cada tres solicitantes de asilo proceden de América Central y del Sur, con Colombia, Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras entre las nacionalidades más frecuentes.
Esa doble presencia de Honduras, tanto en naturalizaciones como en solicitudes de asilo, refleja la diversidad de situaciones dentro de una misma comunidad migrante: personas que logran regularizarse plenamente y otras que buscan protección por riesgos en su país de origen.
Sin embargo, llegar a España no elimina automáticamente las dificultades. El informe 2024 de CEAR sobre personas refugiadas advierte que la digitalización de los servicios públicos puede generar nuevas formas de exclusión.
Las barreras tecnológicas, la falta de alfabetización digital y la ausencia de dispositivos o conexión estable dificultan a muchos migrantes la renovación de permisos y otros trámites esenciales.
En el plano laboral, la inserción de los centroamericanos se concentra en sectores de baja cualificación, como el cuidado de personas mayores, trabajo doméstico, hostelería y construcción.
Estos empleos permiten enviar remesas, pero también pueden exponer a condiciones de explotación y vulnerabilidad, especialmente cuando se realizan sin permisos de residencia o contratos formales.
Los datos sobre arraigo revelan que alrededor de un tercio de las personas afiliadas a la Seguridad Social bajo esa autorización pertenece al grupo de trabajadores no cualificados.
La brecha de género también es marcada: el 55 % de los hombres con arraigo aparece afiliado a la Seguridad Social, frente al 42 % de las mujeres. En contratos indefinidos a tiempo completo, la diferencia es mayor: 54 % en hombres y 35 % en mujeres.
El Servicio Jesuita a Migrantes advierte además que la regularización administrativa no elimina por completo la precariedad. En algunas nacionalidades, el número de residentes empadronados supera al de personas con autorización vigente, lo que evidencia la persistencia de “bolsas de irregularidad”.
La población centroamericana regularizada se concentra principalmente en comunidades autónomas con alta presencia de población nacida en el extranjero. Baleares encabeza ese indicador con 27.65 %, seguida por Cataluña y Madrid, ambas con 23.80 %.
También destacan Canarias, con 22.56 %, y la Comunitat Valenciana, con 22.51 %, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes.
A finales de marzo de 2025, Barcelona y Madrid concentraban cerca de un tercio de todos los casos de arraigo, con 50,812 y 47,830 personas, respectivamente.
Madrid fue la única gran provincia que registró una reducción interanual en ese indicador, con -1.1 %, mientras Santa Cruz de Tenerife lideró el crecimiento con 47.7 %.
Cataluña y Madrid también figuran como las principales regiones donde se concretan los procesos de adquisición de la nacionalidad española.
Según el OPI, el 56 % de quienes obtuvieron la nacionalidad en 2025 lo hizo por la vía reducida de dos años prevista para iberoamericanos. En total, fueron 124,559 personas, con Colombia, Venezuela y Honduras como principales beneficiarias de ese mecanismo.
