Tegucigalpa – Miles de hondureños que viven en situación irregular en Estados Unidos podrían beneficiarse de la Ley Dignidad, una propuesta legislativa que el experto en relaciones internacionales Graco Pérez considera «la mejor oportunidad» para regularizar su estatus migratorio, especialmente ante la cancelación del Estatus de Protección Temporal.
«Yo creo que es la mejor oportunidad que tienen los ciudadanos que están en situación irregular en Estados Unidos y, ante la cancelación del TPS, es la mejor perspectiva que se puede tener en estos momentos», afirmó Pérez durante su participación en Noticieros Hoy Mismo de TSi, destacando la importancia de esta iniciativa para la comunidad hondureña.
La propuesta legislativa, conocida como Ley Dignity o Dignidad, fue presentada en el Congreso estadounidense por las congresistas María Elvira Salazar, republicana por Florida, y Verónica Escobar, demócrata por Texas, en un esfuerzo bipartidista para brindar un camino legal a millones de migrantes indocumentados que ya viven y trabajan en territorio estadounidense.
El proyecto contempla permisos de residencia temporal por 10 años con la posibilidad de acceder posteriormente a la residencia permanente, representando una oportunidad sin precedentes para comunidades migrantes que han vivido en la incertidumbre legal durante años. Sin embargo, Pérez advirtió que esta podría ser «una de las últimas oportunidades que van a tener durante este gobierno del presidente Trump».
El experto explicó que la propuesta aún debe superar varios pasos cruciales en el sistema legislativo estadounidense. Primero debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso, luego pasará a manos del presidente Donald Trump para su firma, y posteriormente regresará al Congreso para su ratificación final, un proceso que podría tomar varios meses.
Según la abogada especialista en inmigración Marcela Caro, uno de los principales grupos beneficiados serían los «Dreamers», jóvenes amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, quienes podrían obtener una residencia de 10 años y luego una permanente. Significativamente, serían los únicos con opción directa a la ciudadanía estadounidense bajo esta legislación.
Los hondureños con TPS también podrían optar a los beneficios de la ley, aunque estarían exentos del pago de los 7,000 dólares que deben cubrir otros migrantes durante siete años, equivalente a 1,000 dólares anuales. Esta exención reconoce la situación especial de quienes han mantenido un estatus legal temporal en el país.
La legislación también eliminaría las restricciones actuales de viaje para los beneficiarios del TPS. «Les va a dar dignidad porque van a poder salir, entrar. Los tepesianos solo tenían permiso de salir dos veces al año para visitar su país. Con el proyecto podrán salir a cualquier parte del mundo», explicó Caro, destacando cómo esta medida mejoraría significativamente la calidad de vida de estos migrantes.
Personas que no están protegidas por DACA ni por TPS, pero que han residido durante años en Estados Unidos, también podrían aplicar, siempre que cumplan con requisitos específicos. Uno de los más importantes, según Caro, es mantener antecedentes penales completamente limpios.
«No deben tener ni siquiera un DUI (conducir bajo la influencia del alcohol). Recordemos que manejar en estado de ebriedad es una falta muy grave», puntualizó la abogada, enfatizando que cualquier infracción penal, por menor que parezca, podría descalificar a un solicitante de los beneficios de la ley.
La propuesta representa un cambio significativo en la política migratoria estadounidense, especialmente considerando el enfoque restrictivo que ha caracterizado la administración Trump. El carácter bipartidista de la iniciativa sugiere que existe un reconocimiento político de la necesidad de abordar la situación de millones de migrantes indocumentados que han establecido raíces profundas en Estados Unidos.
Para la comunidad hondureña, esta legislación llega en un momento particularmente crucial, ya que el país enfrenta múltiples crisis que han impulsado la migración hacia Estados Unidos durante las últimas décadas. Los beneficiarios potenciales incluyen desde jóvenes que llegaron como niños hasta trabajadores esenciales que han contribuido significativamente a la economía estadounidense.
La propuesta aún está en discusión en el Congreso, pero ya genera esperanza entre las comunidades migrantes que han vivido en la sombra legal durante años. Para miles de hondureños, la Ley Dignidad podría representar finalmente la oportunidad de construir una vida estable y legal en Estados Unidos, país que consideran su hogar después de décadas de residencia y contribución a la sociedad americana.
El proceso legislativo será seguido de cerca por organizaciones de derechos de migrantes y líderes comunitarios, quienes ven en esta propuesta una posibilidad real de resolver uno de los problemas migratorios más complejos que enfrenta Estados Unidos, brindando seguridad jurídica a millones de personas que han vivido en la incertidumbre durante años.
