Tegucigalpa. El presidente del Codeh, Hugo Maldonado, emitió una contundente denuncia tras los hechos violentos que han afectado a ciudadanos canadienses en Trujillo, departamento de Colón, donde invasores han desplazado a propietarios legítimos de sus hogares en lo que Maldonado califica como evidencia del carácter de «Estado fallido» de Honduras.
«Quiero en nombre del pueblo hondureño y del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos enviar nuestra solidaridad a la comunidad canadiense ahí en Trujillo, esto no puede estar pasando, condenamos cualquier hecho de violencia que se esté dando en contra de la comunidad», declaró Maldonado, estableciendo la gravedad del incidente desde una perspectiva de derechos humanos.
El defensor de derechos humanos fue categórico sobre las obligaciones del Estado: «Honduras debe garantizar la seguridad jurídica de la comunidad canadiense, como de cualquier otro sector del país», señalando que la protección de la propiedad y la integridad física no debe ser selectiva sino universal.
Maldonado expresó vergüenza nacional por los acontecimientos: «No podemos estar en un país que no garantiza la seguridad jurídica, vergüenza nos da a los hondureños honestos en este país lo que estamos viendo y lo que está pasando ahí en el departamento de Colón», conectando el incidente específico con una crisis sistémica de institucionalidad.
El presidente del Codeh reveló particular preocupación por las implicaciones económicas de estos hechos: «Estamos preocupados porque no hay inversión extranjera en el país, pero la poca que está quedando en Honduras y que le da de comer a cientos de miles de hondureños se nos están hiriendo por la bendita inseguridad jurídica que tenemos en Honduras».
Esta evaluación coincide con las advertencias del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, Denis Maradiaga, quien señaló que estos incidentes «mandan un mensaje internacional muy malo» y pueden provocar que gobiernos extranjeros emitan alertas para que sus ciudadanos no inviertan en territorio hondureño.
En su cuenta de la red social X, Maldonado fue aún más directo en su caracterización del problema: «Condenamos los hechos violentos de despojo de sus propiedades a la comunidad canadiense en Colón, donde facinerosos están desplazando a sus dueños de sus hogares, un Estado que no garantiza la seguridad jurídica es un Estado fallido como ayer, nuestra solidaridad».
La calificación de Honduras como «Estado fallido» por parte de un reconocido defensor de derechos humanos representa una evaluación devastadora sobre la capacidad del gobierno para cumplir funciones básicas estatales, particularmente la protección de la propiedad privada y el orden público.
El uso del término «facinerosos» para describir a los invasores sugiere no solo la violencia de los métodos empleados sino también la aparente impunidad con que operan, evidenciando debilidades en la aplicación de la ley y la administración de justicia.
La referencia de Maldonado a «un Estado fallido como ayer» sugiere que esta no es una situación nueva sino la continuación de patrones históricos de debilidad institucional que han caracterizado al país durante décadas, independientemente de qué partido político controle el gobierno.
El caso de los canadienses en Trujillo se suma a una serie de incidentes que han cuestionado la seguridad jurídica en Honduras, incluyendo las múltiples demandas de arbitraje internacional que suman entre 12,000 y 13,000 millones de dólares, según confirmó el procurador general, evidenciando un patrón sistemático de conflictos entre inversores y el Estado.
La convergencia de voces desde el sector empresarial (CCIA) y organizaciones de derechos humanos (Codeh) condenando estos hechos y advirtiendo sobre sus consecuencias económicas y de reputación internacional, refleja la gravedad de una situación que trasciende divisiones políticas o sectoriales.
Finalmente, la solidaridad expresada por Maldonado «en nombre del pueblo hondureño» busca diferenciar entre las acciones de grupos criminales o invasores y los sentimientos de la ciudadanía honesta, intentando mitigar el daño reputacional que estos incidentes causan a la imagen del país en el exterior.
