Tegucigalpa, Honduras. – El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, salió al paso de la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y negó que los congresistas señalados hayan manejado directamente recursos públicos del Fondo de Administración Solidaria.
La reacción del parlamentario se produjo luego de que ASJ acudiera al Ministerio Público para pedir una investigación sobre la aprobación, ejecución y liquidación de fondos gestionados desde el Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
Pino rechazó que los diputados hayan administrado dinero y sostuvo que su participación se limitó a canalizar solicitudes ciudadanas ante instituciones del Gobierno.
“En ningún momento o circunstancia todos los diputados señalados manejaron una cantidad de dinero. Los proyectos fueron gestionados ante organizaciones del Gobierno”, afirmó en declaraciones al noticiero Hoy Mismo.
En el caso particular de Hugo Noé Pino, la denuncia de ASJ lo menciona por el manejo de 12 millones 925 mil lempiras en concepto de becas y ayudas terminadas.
El diputado negó haber administrado esos recursos y defendió que se trató de solicitudes realizadas por familias de distintos municipios de Francisco Morazán.
“En mi caso, me siento orgulloso de haber apoyado a niños de los 28 municipios de Francisco Morazán. Fueron peticiones que hicieron padres de familia”, justificó.
Según Pino, los trámites se realizaron ante la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), institución que, de acuerdo con su explicación, era la encargada del programa de becas.
El congresista sostuvo que existían dos motivos principales para otorgar estos apoyos: credenciales académicas y situaciones de calamidad doméstica dentro de las familias solicitantes.
Pino explicó que el procedimiento no implicaba entrega directa de dinero a diputados.
Según su versión, SEDESOL solicitaba los recursos a la Secretaría de Finanzas, mientras que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) realizaba el pago directamente a las personas beneficiarias.
Bajo ese esquema, defendió que el papel del diputado fue únicamente de gestor.
La postura de Pino contrasta con los señalamientos de ASJ, organización que sostiene que la asignación de recursos del Fondo de Administración Solidaria se organizó en función de diputados gestores y no mediante criterios técnicos claramente definidos.
Para el congresista, sin embargo, la denuncia refleja una intención más política que técnica.
El diputado lamentó la posición asumida por la Asociación para una Sociedad más Justa y calificó la investigación como “superficial”.
Además, consideró que las declaraciones del director de ASJ, Carlos Hernández, posteriores a la presentación de la denuncia, podrían constituir el delito de difamación.
La defensa pública de Hugo Noé Pino abre un nuevo capítulo en la controversia por el manejo del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo cuestionado por organizaciones de sociedad civil debido a la falta de liquidación clara, trazabilidad y rendición de cuentas.
Mientras ASJ pide al Ministerio Público investigar a los diputados que gestionaron fondos, Pino sostiene que las ayudas fueron tramitadas institucionalmente y que los legisladores no tocaron dinero público.
El punto central de la discusión queda ahora en manos de las autoridades competentes: determinar si la participación de los diputados fue una simple gestión de apoyo social o si el diseño del fondo permitió un manejo discrecional de recursos estatales con fines de visibilidad política.
Por ahora, Hugo Noé Pino defiende que su intervención benefició a estudiantes y familias de Francisco Morazán, mientras cuestiona la solidez y motivación de la denuncia presentada por ASJ.
