Human Rights Watch (HRW) atribuyó este jueves parte de la responsabilidad por la crisis humanitaria en la selva del Darién a la restrictiva política migratoria de la Administración de Joe Biden en Estados Unidos.
Así se desprende del nuevo informe que la organización publicó y presentó en Washington sobre la crisis del llamado Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá donde cruzan miles de migrantes en dirección a Estados Unidos.
La organización señaló que “muchos migrantes huyen de crisis de derechos humanos en las Américas, incluyendo de violencia, persecución y pobreza, y arriesgan sus vidas en esta selva” debido a la falta de vías seguras y legales para migrantes y solicitantes de asilo.
Según el documento, el 97 % de las personas que llegan al Tapón del Darién consideran que es el camino más duro hacia Estados Unidos por los graves abusos -incluyendo violencia sexual- que padecen al intentar cruzarlo.
HRW especificó que, en el lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo “regula las rutas y extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio”, mientras que criminales y delincuentes “cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales en el lado panameño”.
El documento de 63 páginas y titulado “Este infierno era mi única opción”, insiste en que las restricciones de movimiento, a menudo promovidas por Estados Unidos, son “políticas fallidas que empujan a los migrantes hacia rutas peligrosas”.
“Existe una correlación entre las decisiones de política pública migratoria de Estados Unidos y la forma en la que esto impacta en las decisiones de los migrantes”, aseguró en la presentación la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
En ese marco, HRW encontró también evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los Gobiernos de México y Centroamérica a venezolanos y ecuatorianos en 2021 y 2022 han contribuido a que el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se haya disparado.
“Hay que apostar por procesos de integración socioeconómica en América Latina, puesto que dar oportunidades a las comunidades puede hacer disminuir la migración, ignorarlas, no”, añadió Goebertus.
La directora señaló que mecanismos complementarios al régimen de protección internacional de refugiados, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Colombia, han funcionado, por lo que apuntó a “aprender de las lecciones positivas” para evitar que algunos colectivos quieran irse a los Estados Unidos y que se queden en sus regiones.
En este sentido, HRW indica que los Gobiernos de las Américas “deberían tomar medidas para establecer políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos”, como la creación de vías seguras y legales para migrar y garantías para solicitar asilo.
La organización afirmó que ha podido compartir los resultados de la investigación con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y esperan poder hacerlo también con los Gobiernos de Colombia, Panamá y otros de los que “tienen responsabilidades”.
