Tegucigalpa, Honduras. – El organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública en Honduras quedó bajo la lupa tras una investigación que cuestiona el uso reiterado de exhortos frente a incumplimientos de la Ley de Transparencia, en lugar de abrir procesos sancionatorios contra funcionarios e instituciones señaladas.
Según los datos analizados entre enero de 2022 y abril de 2026, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió 381 exhortos a instituciones públicas que habrían negado información, respondido fuera de plazo o incumplido obligaciones relacionadas con rendición de cuentas.
La práctica fue descrita en el informe como una especie de “fiesta de indulgencias”, al considerar que los llamados de atención terminaron sustituyendo medidas más firmes frente a casos vinculados con ejecución presupuestaria, contrataciones públicas y entrega de información oficial.
La investigación advierte que esta política de tolerancia habría contribuido a profundizar la opacidad en instituciones que deberían rendir cuentas ante la ciudadanía.
Cinco entidades concentran buena parte de los señalamientos. En conjunto, acumularon 146 exhortos, frente a una cantidad mínima de aperturas de expedientes sancionatorios.
El Congreso Nacional encabeza la lista con 51 exhortos y apenas dos aperturas de expedientes. De acuerdo con el informe, 48 incumplimientos ocurrieron durante la presidencia de Luis Redondo.
La Secretaría de Educación aparece en segundo lugar con 36 exhortos. De ellos, 30 casos estarían vinculados a la gestión de Daniel Sponda, con una alta concentración de llamados durante 2025 y sin una sola sanción.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) acumuló 32 exhortos, de los cuales 28 corresponden al período del rector Odir Fernández. El análisis señala que esa cifra equivale, en promedio, a un exhorto cada 13 días.
El Ministerio Público recibió 14 exhortos sin que derivaran en aperturas de expedientes sancionatorios. Ocho de esos llamados se habrían producido en apenas ocho días durante la gestión de Johel Zelaya.
La Secretaría de Salud, bajo la administración de Carla Paredes, sumó 10 exhortos en un período de 316 días, según los datos citados.
El informe cuestiona que esta línea de actuación se haya mantenido durante los dos últimos plenos del IAIP, al considerar que el instituto debe garantizar el acceso a la información y no convertirse en un mecanismo de tolerancia frente al incumplimiento institucional.
La investigación plantea que el uso excesivo de exhortos, sin consecuencias sancionatorias proporcionales, debilita la transparencia pública y limita el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos del Estado.
