Tegucigalpa, Honduras.— El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, presentó este miércoles estadísticas que revelan un panorama complejo en materia de seguridad: aunque Honduras logró reducir su tasa de homicidios de 86.5 por cada 100 mil habitantes en 2011 a 23.8 en la actualidad, el país todavía triplica el promedio mundial y enfrenta un desafío mayor: la impunidad. «¿Por qué si ha reducido tanto los homicidios nadie está contento? Porque el 90% de los casos quedan impunes», expresó el analista, quien enfatizó que la cifra de asesinatos sin sanción erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Castañeda mostró preocupación por el incremento de los femicidios y la violencia basada en género, un fenómeno que mantiene a Honduras entre los países más afectados de América Latina en este tipo de delitos. A esto se suma el crecimiento registrado en los últimos meses de otras modalidades delictivas como el narcomenudeo, la trata de personas y los secuestros, indicadores que, a su juicio, exigen una respuesta estatal más integral y coordinada.
Entre las propuestas analizadas para fortalecer la seguridad ciudadana, el representante de la ASJ mencionó la incorporación de 4 mil nuevos policías cada año, una meta que, según explicó, resulta difícil de cumplir con las condiciones financieras actuales. «El presupuesto no da para incorporar cuatro mil policías al año», sostuvo Castañeda, quien llamó a una revisión realista de las capacidades institucionales para evitar promesas que no puedan ejecutarse.
El analista lamentó además que, hasta la fecha, no existan asignaciones específicas para fortalecer instituciones investigativas clave como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dos pilares fundamentales para combatir la impunidad y generar evidencia sólida en los procesos judiciales. Para Castañeda, sin recursos destinados a la investigación técnica, el sistema de justicia seguirá operando con limitaciones que afectan la persecución efectiva del delito.
La organización insistó en la necesidad de profesionalizar fiscales, jueces e investigadores, así como establecer indicadores claros que permitan medir avances reales en materia de seguridad y justicia. «No se trata solo de reducir números, sino de garantizar que cada caso sea investigado con rigor y que las víctimas accedan a verdad y reparación», añadió el director de Seguridad y Justicia.
Mientras el debate sobre la política de seguridad continúa, las cifras presentadas por la ASJ invitan a una reflexión necesaria: los avances en la reducción de homicidios son valiosos, pero insuficientes si no se acompañan de estrategias sostenibles para enfrentar la impunidad, proteger a los grupos más vulnerables y fortalecer las instituciones encargadas de administrar justicia.
Para Castañeda, el camino hacia una Honduras más segura pasa por reconocer los límites, priorizar con inteligencia y actuar con transparencia, principios que, a su juicio, deben guiar cada decisión del Estado en esta materia.
