Tegucigalpa, Honduras. – El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, defendió la Ley de Protección al Sector Agroindustrial y afirmó que su propósito central es ordenar el sector agrícola, brindar seguridad jurídica y frenar las invasiones de tierras que afectan distintas zonas del país.
El funcionario reconoció que la normativa ha generado resistencia en algunos sectores, pero insistió en que la intención no es perjudicar al campesinado, sino apoyarlo dentro de un marco legal que permita estabilidad, organización y paz en el campo.
Talavera advirtió que actualmente existen miles de manzanas invadidas en diferentes regiones de Honduras, una situación que calificó como uno de los mayores desafíos para el INA y para el gobierno central.
Ante ese escenario, explicó que la institución trabaja en un proceso de ordenamiento que incluye la realización de un censo de beneficiarios de la reforma agraria y de empresas campesinas con personería jurídica.
Según Talavera, esta actualización permitirá identificar con mayor claridad quiénes forman parte de los procesos agrarios, cómo están organizadas las empresas campesinas y qué condiciones deben fortalecerse para mejorar la gestión de los proyectos rurales.
El titular del INA sostuvo que la seguridad jurídica es indispensable para todos los sectores que participan en la actividad agrícola, tanto para productores como para organizaciones campesinas que operan legalmente.
“Los retos y desafíos que tenemos es poner paz en el campo, pero con orden y con seguridad jurídica para todos los que están en el campo”, expresó Talavera.
La posición del funcionario se da en medio del debate nacional sobre la aplicación de la Ley de Protección al Sector Agroindustrial, una normativa que, según sus defensores, busca reducir conflictos por tierra y establecer reglas más claras para la producción agrícola.
Para el INA, el reto inmediato será equilibrar la protección del campesinado con el combate a las ocupaciones irregulares, en un contexto donde la tierra sigue siendo uno de los temas más sensibles del país.
Con el censo y los procesos de revisión anunciados, la institución pretende avanzar hacia un modelo de mayor control, legalidad y estabilidad en el sector agrario hondureño.
