Tegucigalpa – Standard & Poor’s (S&P), una de las principales agencias calificadoras de riesgos, ha ajustado la perspectiva de la calificación de deuda de Honduras de estable a negativa, manteniendo su calificación en BB-/B.
Esta revisión surge en un contexto de desafíos significativos marcados por un estado de derecho debilitado, incertidumbre política y una alta percepción de corrupción, que continúan limitando el potencial de crecimiento económico del país.
El informe de S&P subraya que la polarización política podría restringir la capacidad del gobierno para implementar reformas esenciales, en particular antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre de 2025.
La agencia pone especial énfasis en la dificultad anticipada para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que busca reducir las exenciones fiscales, especialmente tras la disidencia de 10 legisladores del partido oficialista Libre.
S&P también señala la incertidumbre generada por la eliminación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) y la decisión de Honduras de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), interpretando estos movimientos como indicativos de un debilitamiento en el estado de derecho y como posibles disuasivos para la inversión privada.
Adicionalmente, el informe alerta sobre la posibilidad de que las reservas internacionales del país continúen disminuyendo si Honduras enfrenta dificultades para acceder a financiamiento externo.
Este factor podría debilitar aún más la liquidez externa de la nación, según se detalla en el reporte publicado el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia declaró las ZEDEs inconstitucionales con efectos retroactivos.
El gobierno hondureño, que no ha emitido una respuesta oficial al informe, cuenta con un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que promete desembolsos de 830 millones de dólares, condicionados a la aprobación de revisiones semestrales.
Una misión del FMI está programada para visitar en octubre y revisar las políticas del tipo de cambio y monetaria del país, lo cual es crucial para la continuación de los desembolsos.
Mientras tanto, el Banco Central de Honduras (BCH) ha emitido un comunicado destacando su acuerdo con el FMI y confirmó la llegada de la misión en octubre para las revisiones respectivas. El BCH mantiene su sistema de subastas para gestionar la asignación de divisas, buscando absorber mejor los choques externos y mejorar la operatividad del mecanismo actual conforme a los acuerdos con el FMI.
El informe de S&P concluye que la política monetaria procíclica y la limitada flexibilidad del tipo de cambio están erosionando la confianza de los inversores, con la política cambiaria reciente que transfiere la distribución de divisas de la banca al BCH cubriendo solo alrededor del 40 % de la demanda, lo que resalta la escasez de divisas en la economía hondureña.
Además, la continua problemática financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con pérdidas que representan alrededor del 1 % del PIB, sigue planteando riesgos fiscales considerables para el gobierno.
