Tegucigalpa, Honduras. – Honduras necesita reformas integrales en el sistema eléctrico para romper el ciclo de crisis que por décadas ha golpeado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), advierte un informe presentado por el centro de pensamiento Sendas Think Tank junto a especialistas del sector energético.
El documento, titulado “Una ley más o la reforma eléctrica que Honduras necesita”, sostiene que el país atraviesa una crisis estructural marcada por pérdidas récord de energía, alto endeudamiento, deficiencias en la calidad del servicio y una limitada capacidad de inversión.
Según el estudio, Honduras registra las mayores pérdidas eléctricas de Centroamérica y opera bajo una dinámica que profundiza de manera simultánea el déficit financiero, la deuda y el deterioro del servicio.
Durante 2025, cerca del 38 % de la energía generada no fue facturada, lo que representó pérdidas superiores a los 500 millones de dólares.
El informe atribuye esas pérdidas principalmente al hurto de energía, el fraude y fallas en la distribución.
Uno de los datos más duros del análisis está relacionado con los apagones. Un usuario promedio de la ENEE acumuló en 2025 unas 165 horas sin suministro eléctrico, equivalentes a casi siete días completos sin energía, distribuidos en 82 interrupciones durante el año.
La comparación regional refleja una brecha significativa: mientras Honduras registró 165.5 horas de interrupciones, en El Salvador el promedio fue de apenas 8.7 horas anuales.
Sendas advierte que estas fallas impactan directamente en la productividad de empresas y hogares, elevan los costos operativos y reducen la competitividad del país para atraer inversión.
El informe también señala que la situación financiera de la estatal es insostenible, debido a que la ENEE compra energía que luego no logra recuperar mediante facturación o cobro efectivo.
Esa dinámica genera déficits permanentes que terminan financiándose con más deuda.
De acuerdo con el estudio, la deuda acumulada del sector eléctrico alcanzó los 4,500 millones de dólares en abril de 2026, cifra equivalente a una cuarta parte de la deuda del Sector Público No Financiero y al 11 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, la mora con generadores privados ronda los 10 meses de facturas vencidas, mientras las cuentas por pagar a proveedores superan los 920 millones de dólares.
El documento detalla que el 63 % de las pérdidas eléctricas son de carácter no técnico, vinculadas al hurto de energía, fraude y errores de medición.
La Región Noroccidental concentra el 60 % de la energía no facturada, mientras que el departamento de Cortés representa el 41 % del total nacional de pérdidas.
A esto se suma una mora acumulada de 756 millones de dólares por energía facturada, pero no cobrada. De ese monto, el 87 % corresponde a atrasos superiores a 120 días.
El estudio también advierte sobre la dependencia de compras de emergencia a alto costo y de una matriz energética todavía fuertemente atada a combustibles derivados del petróleo, lo que aumenta la vulnerabilidad del país frente a la volatilidad de los precios internacionales.
En 2025, el 33 % de la energía adquirida provino del mercado de oportunidad, pero representó el 42 % del costo total de abastecimiento.
El déficit anual de la estatal equivale a casi cinco veces el presupuesto de medicamentos y material médico, 14 veces el presupuesto de becas y ayudas sociales, y permitiría financiar aproximadamente 489 kilómetros de carretera de concreto hidráulico.
El informe estima, además, que cerca de 830 mil hondureños aún no tienen acceso al servicio público de energía eléctrica, principalmente en zonas rurales y sectores de bajos ingresos.
Para Sendas Think Tank, la solución no se limita a reestructurar la ENEE ni a reducir el debate a una posible privatización del sistema.
El centro de pensamiento sostiene que el verdadero reto es modificar los incentivos que han perpetuado la crisis durante años.
Entre sus recomendaciones destacan fortalecer la gobernanza y blindarla de la interferencia política, sanear la situación financiera, garantizar la continuidad del suministro, promover la competencia en la contratación de energía y asegurar un liderazgo político sostenido para implementar los cambios.
El informe concluye con una advertencia contundente: si Honduras no ejecuta una transformación estructural profunda y sostenida de su sistema eléctrico, seguirá atrapada en un círculo de pérdidas millonarias, endeudamiento creciente y un servicio cada vez más inestable.
En ese escenario, la crisis energética dejaría de ser solo un problema sectorial para convertirse en un freno permanente al desarrollo nacional y a la competitividad económica del país.
