Las denuncias que forman parte de la investigación que se extendió por 10 años se dividieron en siete categorías: abuso de poder/fuerza excesiva, protección de integridad, derechos civiles y libertades, condiciones en la prisión, programas y servicios, y acceso a la justicia.
Por El Diario de NY
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) divulgó los resultados de una investigación de 10 años que expone el patrón de abuso físico a prisioneros en las cárceles de Puerto Rico, así como la falta de atención médica y de otros servicios que atentan contra los derechos humanos de esta población.
Los hallazgos son resultado de una recopilación de cartas de confinados. Adicional, como parte de la investigación encabezada por el Grupo de Trabajo de Derechos de Prisioneros de ACLU se realizaron 50 entrevistas a prisioneros en distintas cárceles del país.
La organización de derechos humanos además llevó a cabo entrevistas a 21 exprisioneros y parientes.
Las denuncias se dividieron en siete categorías: abuso de poder/fuerza excesiva, protección de integridad, derechos civiles y libertades, condiciones en la prisión, programas y servicios, y acceso a la justicia.
El informe de 66 páginas, divulgado el jueves, reúne las violaciones de derechos humanos y constitucionales predominantes contra presos bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR).
El informe, titulado “Condiciones inconstitucionales persistentes y violaciones a los derechos humanos”, es una actualización de un reporte previo de ACLU que indagó en las muertes de 53 detenidos en espera de juicio en el Instituto Correccional Guerrero de Aguadilla, ubicado al oeste de la isla.
En cuanto a denuncias de abuso físico a prisioneros, el reporte menciona agresiones con porras, incluso cuando algunos estaban esposados. El documento señala una instancia en la que le pusieron esposas por detrás a un recluso, como no se suponía, ya que tenía discapacidad. A pesar del llanto del hombre, el guardia lo mantuvo con las esposas por horas.
Un preso relató que un guardia golpeó brutalmente a otro prisionero en medio de un intento de huida en 2017 al punto que le fracturó las costillas y le perforó un pulmón.
Autoridades dejaron que el cáncer se le propagara a prisionero
En otro caso, pero relacionado con acceso a la salud, un convicto, paciente de VIH, sintió que una masa le crecía en el área del cuello y pidió ver a un médico. Sin embargo, por unos cinco meses, los oficiales correccionales ignoraron sus reclamos. Cuando la masa creció al punto que le impedía respirar, entonces lo llevaron para que recibiera atención médica.
Para ese entonces, la masa que resultó ser cancerosa, había hecho metástasis en los pulmones.
Otro reo relató que no le proveyeron atención médica para los síntomas de abstinencia a drogas.
Aunque sufría de adicción a heroína y cocaína, no recibió tratamiento para salir de la dependencia.
Según el relato del prisionero, en una ocasión, 80 prisioneros estaban experimentando los mismos síntomas en sus celdas sin que se les atendiera. El hombre relató que defecó y vomitó en la celda mientras otros reclusos limpiaban.
El fin de la investigación era hacer públicas las condiciones de las instalaciones correccionales en Puerto Rico desde la perspectiva de los prisioneros, y emplazar a los oficiales gubernamentales y hacedores de política pública, tanto a nivel local como federal, a tomar acción inmediata para corregir las prácticas institucionales inhumanas e ilegales en el sistema correccional en Puerto Rico.
Pleito de clase “Morales Feliciano”
Las denuncias de las pobres condiciones en las cárceles del país no son nuevas y han requerido desde hace décadas la intervención de las autoridades federales en el territorio.
El pleito de clase “Morales Feliciano” contra el Estado Libre Asociado que se extendió del 1979 al 2016 se vio en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
El litigio se presentó en ese tribunal por violación a las garantías constitucionales de reclusos.
A través del recurso, se buscaba mejorar las condiciones de confinamiento de la población carcelaria ante las múltiples denuncias de hacinamiento, falta de servicios médicos, y otros problemas.
Carlos Morales Feliciano fue el confinado que sirvió como representante de la clase. Al momento en el que se incoó el pleito se encontraba en la Cárcel de Arecibo.
El caso Morales Feliciano se tradujo en una serie de reformas en el sistema carcelario que incluyeron el establecimiento del Programa ABCD para la educación de reclusos, nuevos reglamentos en la agencia, entre otros cambios.
Como secuela del pleito, la corte federal obligó al Gobierno a pagar unos $200 millones en multas por incumplimiento con las estipulaciones.
En el 2012, ACLU divulgó los hallazgos de la investigación en la cárcel de Guerrero que reveló que, entre 2002 y 2008, 53 reos murieron mientras se encontraban tras las rejas.
En los casos más extremos, las muertes inexplicables y no investigadas por Corrección se reportaron en las primeras 48 horas tras la admisión.
