Tegucigalpa – La batalla legal y mediática dentro del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha tomado un nuevo rumbo. Los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia contraatacaron este martes al remitir un informe oficial sobre la polémica sesión del pasado 9 de octubre a actores clave del Estado: el Congreso Nacional, los jefes de todas las bancadas y al director de fiscales del Ministerio Público, Juan Carlos Sánchez.
En el documento, los magistrados oficializan y defienden su versión de los hechos. Sostienen que la sesión en la que se admitieron las solicitudes de suspensión del acto reclamado —que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de papeletas para diputados en Olancho y Valle— se desarrolló con el quórum legal y, por lo tanto, tiene plena validez jurídica.
Este informe es una respuesta directa a la denuncia interpuesta por su colega, el magistrado Mario Morazán, quien acudió al Ministerio Público alegando que dicha sesión fue ilegal por no contar con el quórum necesario.
Barahona y Flores Urrutia reiteran en su informe la postura que ya habían adelantado en un comunicado: que fue el magistrado Morazán quien “se ausentó de manera injustificada de la sesión jurisdiccional”, y no que fue excluido como él denuncia.
Al enviar este informe a los otros poderes del Estado, los dos magistrados no solo buscan validar sus actuaciones, sino también sentar su posición oficial ante las investigaciones que pueda iniciar el Ministerio Público a raíz de la denuncia de Morazán, profundizando así la crisis institucional a pocas semanas de las elecciones generales.
