Tegucigalpa – Un informe de auditoría forense sobre las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 ha revelado graves irregularidades que provocaron retrasos de hasta 16 horas para miles de votantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Según el documento titulado «Auditoría forense sobre el proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de la maleta electoral y kit tecnológico», elaborado por el especialista electoral Carlos Humberto Romero Andrade, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ordenó que decenas de vehículos del gobierno fueran desviados hacia las Fuerzas Armadas, provocando un vacío en la disponibilidad de transporte para la distribución del material electoral.
El informe incluye testimonios del exgerente del Proyecto de Transporte del CNE, Joel Ramos García, quien declaró durante su audiencia de descargo: «Recibí instrucciones directas del consejero Marlon Ochoa para conseguir 50 vehículos del estado durante el día sábado 8 de marzo, mismos que deberían estar disponibles en el Campo Parada Marte el domingo 09 de marzo a las 4:30am».
Según Ramos, quien fue despedido días después de las elecciones, esta acción generó «un déficit en la demanda de disponibilidad en los vehículos del estado para la distribución de las 40 maletas electorales y kits tecnológicos a los centros de votación».
El documento también señala que Ochoa «se ve comprometido al dar órdenes contrarias a las dispuestas por la Consejera Presidenta» cuando exigió el regreso de varios buses con maletas electorales al Instituto Técnico Honduras, a pesar de las advertencias de la funcionaria Dirla Jackeline Vijil.
Otro hallazgo preocupante revela que «las acciones del personal de las Fuerzas Armadas estaban orientadas al retraso, sin causa, ni justificación legítima en la entrega del material electoral».
El informe detalla cómo militares ordenaron a conductores de autobuses que trasladaban maletas electorales estacionarse durante horas en distintas calles del Distrito Central sin justificación.
«Resulta inexplicable que las Fuerzas Armadas, en lugar de ordenar a todos los militares que regresaran al Centro Logístico Electoral, obligaron a los conductores de los autobuses a estacionarse durante varias horas en distintas calles, sin ninguna justificación», destaca el documento.
La auditoría concluye que fue «evidente la puesta en riesgo del proceso electoral por parte de las Fuerzas Armadas por la interrupción del curso de traslado de las maletas electorales a sus centros de votación correspondiente».
Este informe, junto con otro documento similar, fue presentado por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall a fiscales y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público durante una entrevista, lo que sugiere que las investigaciones sobre estas irregularidades podrían continuar en el ámbito judicial.
