Tegucigalpa – Romeo Vásquez Velásquez, quien actualmente se encuentra entre los fugitivos más buscados de Honduras, publicó en sus redes sociales detalles de un dictamen forense sobre la muerte de Isy Murillo, joven fallecido durante las manifestaciones que siguieron al golpe de Estado de 2009.
«El Dictamen Médico Forense es claro: La trayectoria del proyectil fue de arriba hacia abajo ¡Imposible para los militares!», señaló Vásquez en su publicación. El militar retirado argumenta que dada la posición de los soldados en la pista del aeropuerto, de haber sido disparado por ellos, el proyectil habría seguido una trayectoria ascendente y no descendente como indica el informe.
Vásquez Velásquez no dudó en calificar su situación como «persecución política» y en su mensaje acusó directamente a otros actores: «¡Basta ya de persecución política, ustedes lo mataron!», expresó en su comunicado digital.
El caso se remonta a los acontecimientos de 2009, durante el controvertido golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel «Mel» Zelaya. Vásquez Velásquez y otros dos generales enfrentan acusaciones por el presunto asesinato del joven Murillo durante las protestas subsecuentes.
La situación legal del exjefe militar se complicó recientemente cuando un juez revocó su orden de arresto domiciliario, lo que precipitó su actual condición de prófugo. En repetidas ocasiones, Vásquez ha afirmado que las acusaciones en su contra responden a motivaciones políticas, señalando directamente al expresidente Zelaya como responsable de lo que considera una persecución derivada de sus «posturas patrióticas».
Las autoridades hondureñas han intensificado los esfuerzos para capturar al militar retirado. El pasado 14 de abril de 2025, se actualizó la lista de las diez personas más buscadas del país, donde Vásquez figura prominentemente. El gobierno ofrece una recompensa de 3.5 millones de lempiras por información que conduzca a su arresto.
El caso continúa generando divisiones en la sociedad hondureña, donde algunos sectores ven las acusaciones como un ajuste de cuentas político, mientras otros consideran fundamental que se haga justicia por las víctimas de los acontecimientos de 2009, uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país centroamericano.
