Tegucigalpa – La posible terminación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos el próximo 28 de febrero ha generado una tormenta política y preocupación generalizada entre diversos sectores de la sociedad hondureña.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó este jueves un contundente informe titulado «De la narco-dictadura a la narco-impunidad», que analiza las graves implicaciones de no renovar el acuerdo.
El panorama se torna más complejo ante la postura del gobierno. El canciller Enrique Reina confirmó que no existen acercamientos con Estados Unidos para renovar el tratado, priorizando en su lugar las negociaciones sobre temas migratorios.
Mientras tanto, en el Congreso Nacional, el presidente Luis Redondo bloqueó una iniciativa respaldada por 73 diputados para reafirmar el acuerdo.
El CNA destaca que el tratado ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado, permitiendo la extradición de 47 hondureños, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien recibió una condena de 45 años en Estados Unidos. El organismo advierte que la terminación del acuerdo podría tener graves consecuencias:
«La denuncia del tratado de extradición denota intenciones de proteger a potenciales individuos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, generando desconfianza en la ciudadanía hondureña», señala el informe del CNA.
El empresario Eduardo Facussé se sumó a las voces de preocupación, argumentando que Honduras carece de capacidad interna para combatir el narcotráfico. «Si la meta es romper con EEUU, este sería el camino más torpe», declaró, advirtiendo sobre severas consecuencias económicas y sociales.
El CNA subraya que la terminación del tratado podría resultar en un deterioro de las relaciones internacionales, pérdida de apoyo financiero y técnico para programas de desarrollo, y un incremento en la violencia y criminalidad organizada.
El organismo recuerda el oscuro pasado reciente de Honduras como «narcoestado», caracterizado por campañas políticas financiadas por narcotraficantes y la participación de funcionarios públicos en actividades ilícitas.
La controversia continúa escalando mientras se acerca la fecha límite del 28 de febrero, con el gobierno manteniendo su postura de no renovación y diversos sectores advirtiendo sobre las graves implicaciones para la seguridad y estabilidad del país.
