Tegucigalpa, Honduras. – La noche del jueves 9 de abril en el Congreso Nacional tuvo todos los ingredientes de las jornadas que Honduras recordará durante años: denuncias de juicio político contra funcionarios electorales, protestas con pitos y gritos desde la bancada de Libre, amenazas de sanciones salariales, una renuncia presentada en plena lectura de cargos y acusaciones que conectaron los 100 mil lempiras transferidos desde Casa Presidencial a diputados liberales con los procesos aprobados esta noche. Todo cerrado a las 11:52 de la noche.
El pleno del Congreso Nacional aprobó iniciar el proceso de juicio político contra cuatro funcionarios de los entes electorales: el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el magistrado del TSE, Mario Morazán; y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.
Una quinta funcionaria, la consejera suplente del CNE, Karen Patricia Rodríguez, presentó su renuncia por escrito en el momento exacto en que se leían las denuncias en su contra, argumentando que lo hacía para «salvaguardar su honor». El pleno aceptó la dimisión por mayoría.
Las denuncias detallan las presuntas ilegalidades en que incurrieron los funcionarios y su papel en el entorpecimiento del desarrollo de elecciones primarias y generales en Honduras, recogiendo señalamientos de abogados e informes de misiones de observación electoral.
Con la admisión de las denuncias, los cuatro funcionarios quedan suspendidos de sus cargos mientras se lleva a cabo el procedimiento de audiencias de descargo ante una comisión legislativa integrada por los diputados Tania Pinto, Lissi Matute Cano, Alberto Cruz, Kilvett Bertrand, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.
La noche que Libre calificó de «oscura»
Desde el momento en que se leyeron los nombres de los funcionarios sometidos a juicio político, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) convirtió el hemiciclo en un escenario de protesta con pitos y gritos, al punto de que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ordenó al secretario Carlos Ledezma tomar nota de los legisladores infractores para aplicarles el reglamento que prevé 15 días sin goce de salario.
El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, no moderó su lenguaje al describir lo ocurrido: «Se fraguó un día oscuro para la institucionalidad del país», afirmó, cuestionando además que la votación se realizara levantando la mano en lugar de usar el sistema electrónico del Legislativo.
Panchamé acusó al bipartidismo —Partido Liberal y Partido Nacional— de usar el juicio político como «arma política para doblegar al único partido de oposición» y defendió a los funcionarios procesados: «Las personas sometidas a juicio político esta noche no han cometido ningún delito, solo cumplieron la misión para la que fueron nombradas».
El legislador Marco Ramiro Lobo elevó aún más el tono al trazar una línea entre los procesos acumulados en las últimas semanas: «Debilitan la institucionalidad, quitando primero al Fiscal General, luego a la Presidenta de la CSJ. Hoy inicia un nuevo reto para nosotros. Lo que están montando es un gigantesco fraude electoral en las próximas elecciones», sentenció, añadiendo que «han cruzado una línea delicada» y que cada acción «se va a revertir».
Los números y las acusaciones cruzadas
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, respondió con cifras: 39 de 41 diputados liberales apoyaron la denuncia de juicio político, con únicamente Iroshka Elvir y Alejandro Canelas votando en contra, en una muestra del alineamiento de la bancada azul con el proceso. Cálix defendió el instrumento como «una herramienta de control constitucional para aquellos funcionarios que obstaculizan la labor de los entes para los que fueron nombrados».
Pero fue el diputado de Libre, Sergio Castellanos, quien lanzó la acusación más incendiaria de la noche, conectando los juicios políticos con el episodio de los 100 mil lempiras transferidos desde Casa Presidencial a diputados liberales: «Si los 100 mil lempiras que Casa Presidencial les transfirió eran por los anteriores juicios políticos, es decir que lo de hoy es otro pisto», disparó Castellanos, quien también le espetó directamente a Zambrano: «No te tenemos miedo», en un intercambio que reflejó el nivel de crispación que alcanzó la sesión antes de su cierre.
La noche cerró con la lectura y aprobación de la renuncia de Suyen Muñoz a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras (CDPC), quien continuará como comisionada pero deja la titularidad. En su lugar fue designada Analina Montes Hawit, con Erick Rodríguez Gabarrete como secretario para el período 2022-2029.
Honduras amaneció este viernes con cuatro funcionarios electorales suspendidos, una renuncia estratégica, una bancada de oposición que habla de fraude electoral futuro y un Congreso Nacional que en menos de tres semanas ha consumado más cambios institucionales que los que muchas legislaturas producen en años enteros.
