Tegucigalpa – El sistema penitenciario hondureño está implementando una profunda reorganización de su población reclusa como parte de las medidas contempladas en el decreto de emergencia que autorizó la intervención de las cárceles del país.
Así lo informó este lunes el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, quien detalló la nueva estrategia que consiste en separar completamente a las pandillas rivales, asignando centros penitenciarios específicos para cada organización criminal.
«Si en La Tolva está la MS con sus cabecillas y el resto de su población, y en Támara está la 18 con igual distribución, entonces no habría necesidad de meter armas ni sobornar a nadie. Si alguien lo hace, es porque busca un enfrentamiento con la autoridad, no porque se esté defendiendo de otra organización», explicó Muñoz, detallando la lógica detrás de esta medida que pretende reducir drásticamente la violencia intracarcelaria.
La separación de los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en diferentes complejos penitenciarios responde a la histórica rivalidad entre ambas organizaciones, que ha convertido las cárceles hondureñas en escenarios de sangrientos enfrentamientos durante décadas. Según Muñoz, la nueva distribución mantiene separados tanto a los cabecillas como a la población común de cada grupo, eliminando las condiciones que han propiciado masacres carcelarias en el pasado.
«Se nos instruyó llevar a cabo un proceso de reinserción, reeducación de los privados de libertad, aparte de tomar el control y mejorar la infraestructura del sistema penitenciario», señaló el funcionario, destacando que estas acciones forman parte de un plan integral que va más allá de la simple separación física de los grupos.
Muñoz fue enfático al denunciar las graves deficiencias en la infraestructura penitenciaria que ha heredado la actual administración. «El centro penal de La Tolva no contaba con un edificio funcional de máxima seguridad, y el existente en el penal de Támara estaba deteriorado», reveló, añadiendo que «lo único que existía era un edificio en Támara donde históricamente se han dado enfrentamientos entre estas organizaciones criminales por estar uno frente al otro».
Para solventar estas deficiencias, el INP ha emprendido un ambicioso programa de mejoras infraestructurales en varios centros penitenciarios. «Se mejoró el módulo en El Porvenir de La Ceiba, se construyó uno en La Tolva, se están haciendo maravillas en Siria y también se ha intervenido el de máxima seguridad en Támara», detalló Muñoz.
La reorganización del sistema carcelario busca transformar las prisiones desde espacios de confrontación y fortalecimiento del crimen organizado hacia verdaderos centros de rehabilitación. El director del INP enfatizó que el objetivo final es que las cárceles dejen de ser «zonas de guerra» entre pandillas y se conviertan en instituciones que efectivamente contribuyan a la reinserción social de los privados de libertad.
Esta estrategia se implementa en un momento crítico para el sistema penitenciario hondureño, que ha enfrentado graves crisis de seguridad, incluyendo masacres, fugas y el control de facto de algunos centros por parte de organizaciones criminales. Las autoridades confían en que la nueva distribución de la población reclusa, combinada con las mejoras en infraestructura y seguridad, permitirá avanzar hacia un modelo penitenciario más seguro y efectivo.
El plan de reorganización continuará ejecutándose progresivamente en los próximos meses, mientras el INP trabaja paralelamente en el fortalecimiento de los programas de reeducación y rehabilitación para los más de 20,000 privados de libertad que actualmente se encuentran bajo su custodia.
