Tegucigalpa – La jueza de Sentencia del Poder Judicial, Karla Romero, insistió este jueves en que, la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los hondureños en Estados Unidos, están condicionados a la ratificación de la actual junta directiva del Congreso Nacional.
Argumentó que estas situaciones generan desorden en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, lo que entorpece las negociaciones para los programas antes descritos.
“Nos están pidiendo que fortalezcamos el Estado democrático de derecho para que llegue una CICIH, quiten leyes impunidad para que llegue, pero sobre todo para que les den el TPS a nuestros compatriotas en EEUU”, apeló Romero.
La togada enfatizó que la legalización de la junta directiva del Legislativo es parte de las acciones necesarias “para hacer las cosas en orden”, fortalecer el Estado de derecho y obtener estos beneficios para el país.
Cabe señalar que, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, pidió que se investigue a la jueza de Sentencia, luego de conocerse públicamente que ella había interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso Nacional, que de ser aceptados supondría que la directiva de Redondo es ilegal.
“No puedo entender cómo alguien como esta persona (Karla Romero) pueda estar donde está, investiguen y se sorprenderán, así como me sorprendí yo”, dijo Redondo ante medios nacionales sin detallar qué debía indagarse.
Por su parte, la abogada, quien, por la crisis en la junta directiva del Legislativo, juramentó a la presidenta Castro el 27 de enero en su asunción, catalogó estas declaraciones de Redondo como un ataque personal contra ella y recalcó que sus recursos son contra el decreto de amnistía.
“Yo no he presentado ningún recurso de forma directa contra la legalidad o no de la junta directiva del Congreso Nacional, ahora que, dentro del recurso (contra la Ley de Amnistía) vaya mencionado el efecto de la validez de la norma es otra situación, porque adolece circunstancias normativas exclusivamente”, arguyó.
La CICIH fue una promesa en campaña de la ahora presidenta Xiomara Castro, sin embargo, no se han informado avances después de un memorándum de entendimiento respondido por el Gobierno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 22 de agosto.
Mientras tanto, el TPS que beneficia a unos 58 mil hondureños, fue cancelado en 2018, pero tras una demanda, aún en litigio, interpuesta por migrantes contra su finalización, ha permitido que se extienda hasta el próximo 31 de diciembre.
