Tegucigalpa, Honduras. – Las instituciones estatales hondureñas «empiezan de cero» cada cambio de gobierno al expulsar personal capacitado mientras nuevos empleados afines al partido entrante atienden población sin experiencia, debilitando estructuras y capacidades del Estado por ausencia de carrera pública que garantice estabilidad laboral según advirtió el delegado adjunto del Conadeh, Ricardo López.
«Muchas personas despedidas fueron formadas, capacitadas y las personas nuevas que llegan tienen que empezar de cero, lo cual repercute en la atención a la población», señaló López explicando que gobierno debe contratar a personas mejor calificadas versus militantes sin preparación técnica que requieren entrenamiento prolongado antes de desempeñarse efectivamente.
El Conadeh atendió alrededor de 1,369 quejas relacionadas con supuestas violaciones a derechos laborales entre 2014 y 2025, de las cuales el 35% se registró en los últimos cuatro años (2022-2025) durante gobierno de Castro, situación que preocupa al ente estatal por poner en precario la estabilidad laboral de las personas.
El despido injustificado —que representa cerca del 70% de las quejas— figura como principal violación a derechos laborales, seguido por hostigamiento, acoso laboral, persecución política, traslados injustificados, discriminación, malos tratos, renuncia forzada, hostigamiento sexual, falta de pago, negación de vacaciones y no pago de prestaciones.
López consideró que es una «mala práctica» que gobiernos que entran cancelen o despidan a empleados públicos en diferentes instituciones del Estado para abrirle paso a contratación de personas afines a cada administración, vulnerando derechos laborales cuando no se cancelan prestaciones adquiridas además de interrumpir estabilidad laboral de trabajadores.
El funcionario reveló que el Conadeh tiene presencia en el Sistema 911 acompañando a decenas de personas que no se les ha permitido el ingreso a las instalaciones por parte de nuevas autoridades del gobierno de Asfura, evidenciando que despidos masivos continúan pese a críticas históricas del Partido Nacional a prácticas similares de gobiernos anteriores.
La comisionada Blanca Izaguirre giró instrucciones a delegaciones a nivel nacional para brindar acompañamiento y gestionar en casos donde existe vulneración a grupos en condición de vulnerabilidad, para que se reconsidere la cancelación por parte de autoridades estatales que implementan limpieza política de instituciones heredadas.
López es del criterio que en el Estado hondureño debe establecerse una carrera pública para que funcionarios y empleados puedan tener estabilidad permitiendo contratar a personas mejor calificadas versus sistema actual donde militancia política determina acceso al empleo público independientemente de capacidades técnicas o experiencia acumulada.
«Entendemos que cuando un gobierno afín llega al poder la persona busca la manera de conseguir un trabajo, pero también se debe entender que muchas personas que trabajan en el gobierno tienen capacidades que se tienen que tomar en cuenta a efecto de no debilitar las estructuras o las capacidades que tienen las instituciones del Estado», reflexionó el funcionario.
