Tegucigalpa – El Instituto de la Propiedad (IP) de Honduras respondió enérgicamente este martes a las protestas protagonizadas por diversos patronatos que reclaman la agilización en los procesos de titulación de tierras, señalando que ciertos intermediarios estarían obstaculizando el proceso mediante desinformación.
A través de un comunicado oficial emitido por la Comisión Interventora, la institución afirma haber atendido «con diligencia y compromiso» a los patronatos que se manifestaron, aunque subraya que la titulación debe realizarse «siempre dentro del estricto cumplimiento de los requisitos que establece la Ley de Propiedad».
«En el caso de los procesos de Expropiación por causa de Necesidad Pública, el requisito es estar asentados en el predio antes del 31 de diciembre del 2010; en los demás mecanismos, los requisitos varían en el tiempo de ocupación», precisa el documento, estableciendo claramente las condiciones legales que deben cumplirse.
La entidad gubernamental hace un particular énfasis en la necesidad de un «esfuerzo conjunto» entre la institución, los pobladores y las confederaciones y federaciones de patronatos, señalando que estos últimos, «a través de sus apoderados legales, deben trabajar para demostrar el cumplimiento de esos requisitos legales indispensables y necesarios para acceder a un título de propiedad».
En un tono particularmente crítico, el comunicado realiza «un llamado enérgico a los pobladores para que se acerquen directamente a nuestras oficinas a revisar el estado real de sus expedientes», advirtiendo sobre la posible intervención de «personas inescrupulosas que no trasladan información veraz, generando falsas expectativas y obstaculizando el proceso».
El Instituto de la Propiedad reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en la entrega de títulos de propiedad, mencionando que estos procesos se desarrollan «conforme al calendario establecido por el Gobierno». Asimismo, destacó que continúan «fortaleciendo nuestros controles internos para erradicar cualquier práctica de corrupción del pasado y garantizar procesos justos y confiables».
La institución concluye su pronunciamiento con un exhorto a los ciudadanos «a no dejarse engañar por promesas falsas» y a utilizar los canales oficiales para obtener información precisa y confiable. «Estamos abiertos al diálogo constructivo, pero reiteramos que solo se atenderán solicitudes que cumplan estrictamente con el marco legal vigente», sentencia el documento.
Las manifestaciones ocurridas este 20 de mayo se suman a una serie de protestas similares registradas en diferentes regiones del país, donde comunidades organizadas en patronatos exigen la regularización de terrenos que han ocupado durante años, en muchos casos sin contar con los títulos de propiedad correspondientes.
