Tegucigalpa – Las autoridades hondureñas han solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de una notificación roja para la captura del exministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales.
El exfuncionario es acusado por el Ministerio Público de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en relación con la adquisición de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los ventiladores adquiridos fueron entregados incompletos y sin los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, lo que impidió su uso en la atención de pacientes afectados por el coronavirus. Esta situación habría impedido brindar asistencia médica adecuada en un momento crítico para el país.
Además de Rosales, la Fiscalía ha presentado cargos contra otros exfuncionarios, entre ellos el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí; la excónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canahuati; y los excolaboradores de Copeco Cristian Elías Santelí, Clara Lizeth Trejo y Alexis Yamil Peña.
Clara Trejo y Alexis Peña fueron detenidos el pasado 23 de septiembre por las fuerzas de seguridad hondureñas. Por su parte, Gabriel Rubí se presentó ante las autoridades el jueves 10 de octubre, siendo posteriormente sometido a detención judicial.
El Ministerio Público señala que los seis exfuncionarios, quienes desempeñaron cargos durante el segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022), habrían manipulado el proceso de adquisición de los ventiladores. Se les acusa de realizar transferencias bancarias sin la documentación adecuada y de omitir la recepción oficial de los equipos mediante actas de entrega.
El organismo fiscalizador destacó que, mientras la población enfrentaba una grave crisis sanitaria y miles de hondureños perdían la vida en los hospitales, los acusados presuntamente se beneficiaban de manera ilícita. «Esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país», expresó el Ministerio Público en un comunicado, subrayando el perjuicio causado a la salud pública.
Actualmente, los ventiladores permanecen almacenados en las bodegas de los centros de salud estatales, ya que no cumplen con los requisitos para atender a pacientes con COVID-19. Esta circunstancia ha generado indignación en la sociedad hondureña, que exige respuestas y justicia ante los presuntos actos de corrupción.
La notificación roja emitida por Interpol implica que los países miembros de la organización colaborarán en la localización y captura de Lisandro Rosales, para que enfrente los cargos en su contra en Honduras. Las autoridades esperan que esta medida agilice el proceso judicial y contribuya al esclarecimiento de los hechos.
El caso refleja las crecientes preocupaciones sobre la gestión de recursos durante la pandemia y subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La sociedad hondureña permanece atenta al desarrollo de este proceso y a las acciones que emprendan las autoridades para combatir la corrupción.
