Tegucigalpa – La designación por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de una comisión especial para investigar a los exfiscales generales, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, ha generado un debate sobre las facultades del Congreso Nacional para llevar a cabo dicha investigación.
La comisión fue anunciada a través de un mensaje en redes sociales el pasado domingo y está encargada de investigar la participación de los exfiscales en diversos casos, incluyendo estructuras del crimen organizado, corrupción público-privada, fondo departamental, ONGs vinculadas a partidos políticos, el Caso Pandora, lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, entre otros.
El analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda, ha planteado que el presidente del Congreso Nacional podría estar al borde del “abuso de autoridad” al nombrar esta comisión.
Aunque la Constitución de la República en su artículo 205, numeral 21, establece que el Congreso Nacional tiene facultades para designar comisiones especiales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 22, numeral 14, señala que el presidente de dicho poder del Estado puede “crear comisiones legislativas especiales”.
Pineda argumenta que lo cuestionable e ilegal es que esta comisión especial debería haberse designado en una sesión plenaria y no como una decisión unilateral del presidente del Congreso Nacional.
Por otro lado, el abogado constitucionalista, Óliver Erazo, considera que esta decisión busca dar una interpretación forzada a las atribuciones del Poder Legislativo. Destaca que el Congreso Nacional no tiene facultades de órgano operador de justicia ni puede perseguir el delito, ya que estas son atribuciones del Ministerio Público.
Además, cuestiona por qué no se agotó la vía del juicio político, que es una facultad del Congreso, en lugar de crear esta comisión.
En respuesta a las críticas, la diputada Silvia Ayala, miembro de la comisión de investigación, ha asegurado que solo harán recomendaciones al pleno de diputados y que el pleno será el encargado de decidir si acepta las sugerencias. Ha enfatizado que la comisión revisará las actuaciones de los exfiscales durante su mandato y que el pleno ya consideró no llevar a cabo el juicio político.
Este nombramiento de la comisión de investigación ha desatado un debate constitucional en Honduras sobre los límites de las facultades del Congreso Nacional en la investigación de funcionarios públicos y exfuncionarios, y sobre si esta acción representa un exceso de poder por parte del presidente del Congreso Nacional.
