Trujillo, Colón, Honduras. — Desde 2024, propietarios de tierras, empresarios y desarrolladores turísticos en Trujillo y Santa Fe denuncian una ola sistemática de invasiones de propiedades privadas que ha paralizado proyectos hoteleros y residenciales, generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo miles de empleos.
Según las denuncias recopiladas por los afectados, los invasores ingresan a terrenos con títulos legítimos, establecen asentamientos ilegales y amenazan a dueños y trabajadores, señalando directamente a grupos organizados bajo la bandera de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Los propietarios aseguran que, pese a presentar órdenes de desalojo emitidas por juzgados, la Policía Nacional no ejecuta ninguna acción y el Ministerio Público no procede con contundencia, permitiendo que reine la impunidad.
El turismo —principal motor económico de la zona— es la gran víctima colateral. Trujillo, histórico sitio del primer desembarco de Cristóbal Colón en América y destino de playas vírgenes, ve amenazado su desarrollo por la inseguridad jurídica y la violencia derivada de las invasiones.
“Nadie quiere invertir en un lugar donde las reglas del juego no se respetan y donde tu propiedad puede ser tomada por la fuerza al día siguiente sin que la policía intervenga”, comentó un empresario de la zona que pidió anonimato por temor a represalias.
Representantes del sector privado afiliados al COHEP advierten que la falta de garantías sobre la tenencia de la tierra es el principal disuasivo para la inversión extranjera.
La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó cerca de un 8 % en el último año, y las invasiones han afectado miles de manzanas de tierra, traduciéndose en pérdidas económicas que superan los 2,400 millones de lempiras y poniendo en riesgo miles de empleos directos e indirectos.
Honduras se posiciona como uno de los países con mayor inseguridad jurídica en la región —solo superado por Nicaragua—, lo que dificulta la atracción de nuevas cadenas hoteleras o desarrollos inmobiliarios de calidad.
Mientras las mesas de diálogo gubernamentales no logran consensos efectivos y las reformas agrarias se estancan, en Trujillo y Santa Fe “la ley del más fuerte parece prevalecer sobre el Estado de Derecho”, dejando al turismo y a la inversión privada como rehenes de un conflicto sin resolución clara.
Existen más de una decena de denuncias formales de invasiones en Trujillo y Santa Fe, sin contar otras que mantiene la OFRANEH en Tela, Atlántida. Los afectados exigen intervención inmediata del Estado para garantizar el respeto a la propiedad privada y reactivar el desarrollo económico de la zona.
