Tegucigalpa – La escasez de agua es un problema cada vez más frecuente en Honduras, y según expertos, una de las principales causas son las invasiones ilegales en las áreas cercanas a los ríos y fuentes de agua.
Las invasiones en Honduras no solo representan un problema para la propiedad privada y la justicia, sino que también tienen un impacto colaterales en el medio ambiente y la escasez de agua.
Elvis Guillén, gerente de desarrollo municipal de Villanueva, Cortés, ha alertado sobre la deforestación que se producen en zonas protegidas debido a las invasiones, lo que conlleva a la disminución de la recarga de acuíferos y, en consecuencia, a la falta de agua para la ciudadanía.
Este daño medioambiental se ha convertido en un efecto secundario preocupante de las invasiones que requieren de atención por parte de las autoridades competentes.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir las invasiones ilegales y proteger los recursos naturales, el problema persiste y continúa afectando un muchas comunidades en todo el país.
Es necesario un enfoque integral para abordar la escasez de agua y proteger los ecosistemas naturales, lo que incluye la cooperación de las autoridades, la sociedad civil y las comunidades locales.
El Sector privado de Honduras pide soluciones contundentes
El sector privado hondureño ha expresado su preocupación por el avance de las invasiones de tierras en varias zonas del país y ha pedido soluciones contundentes para resolución de estos conflictos.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, ha solicitado a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia buscar mecanismos ágiles para resolución de estos conflictos en un plazo máximo de 48 horas, ya que la justicia tardía no es justicia.
Facussé también ha lamentado la falta de un mecanismo de resolución expedito para estos casos y ha expresado que los propietarios no pueden esperar uno o más años para resolución de quién es el dueño de una tierra.
En este sentido, ha señalado que cuando se emite una resolución, los invasores ya están instalados en las propiedades, lo que agrava la situación.
La situación ha generado preocupación en el sector privado, que ruega al gobierno tomar cartas en el asunto.
