Tegucigalpa. – Cientos de socios de la desaparecida financiera Koriun Inversiones protagonizaron una intensa jornada de protesta este miércoles, que culminó con enfrentamientos verbales y empujones contra un cordón policial en las inmediaciones de Casa Presidencial. Los manifestantes exigen una reunión con la presidenta Xiomara Castro para obtener una solución a la devolución de su dinero.
La movilización comenzó en la mañana, cuando caravanas de afectados partieron desde la ciudad de Choloma, uno de los epicentros de operación de la financiera, con destino a la capital. Su objetivo era claro: ser escuchados por las más altas autoridades del gobierno.
Al caer la noche, y con una mayor presencia de inversionistas, el grupo se dirigió hacia la sede del Poder Ejecutivo. Sin embargo, su avance fue bloqueado por vallas metálicas y agentes de la Policía Nacional. La frustración de los manifestantes no tardó en escalar, provocando quejas, reclamos y forcejeos con las fuerzas de seguridad que les impedían el acceso.
La Promesa de Altos Rendimientos que Terminó en Incautación
Koriun Inversiones, una empresa que operaba sin autorización legal, logró atraer a unos 35,000 inversionistas en al menos siete departamentos del país con la promesa de rendimientos extraordinarios del 5% semanal. Aunque inició sus operaciones hace siete años en San Pedro Sula, fue en 2024 cuando su popularidad se disparó, especialmente en Choloma.
Las alarmas se encendieron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) emitió un comunicado público advirtiendo que Koriun no estaba autorizada para captar fondos del público y que, por lo tanto, los depósitos no contaban con la protección del Fondo de Seguros de Depósitos (Fosede).
El colapso definitivo ocurrió el 23 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público, tras una investigación, allanó todas las oficinas de Koriun y aseguró el dinero encontrado, dejando a miles de personas en la incertidumbre sobre el destino de los ahorros de toda su vida. Ahora, sin respuestas claras, los afectados han decidido llevar su reclamo directamente al despacho presidencial.
