Tegucigalpa – En un evento dedicado a abordar el desplazamiento forzado y los derechos de propiedad, Héctor Espinal director del Despacho del Instituto de la Propiedad, destacó el compromiso de la Comisión Interventora para cumplir la normativa y el correcto procedimiento para implementar el Registro de Bienes Abandonados (RBA).
La aprobación de la ley manda a que el IP debe crear el Registro de Bienes Abandonados, el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión para cumplir tanto con la normativa institucional como con la de desplazamiento y con esto asegurar un correcto procedimiento.
“El conflicto territorial y la violencia generalizada en Honduras exigen respuestas jurídicas excepcionales. Con el RBA, damos un paso importante para garantizar los derechos de propiedad y posesión de quienes han sido despojados o forzados a abandonar sus hogares”, señaló el funcionario, quien además reconoció el apoyo estratégico y permanente de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, nos ha encomendado la tarea de proteger los derechos de los más vulnerables. Al garantizar la restitución de bienes y la seguridad jurídica de los desplazados, estamos construyendo un entorno propicio para la estabilidad económica y social, ya que un país con una infraestructura jurídica sólida atrae inversiones, fomenta la confianza en el mercado y promueve el desarrollo a largo plazo, señaló.
“La creación del RBA viene a garantizar un derecho históricamente postergado y la protección de las personas desplazadas internamente” dijo Andrea Pineda, directora de Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.
El registro se consolida como una herramienta de esperanza, justicia y progreso económico, reflejando el compromiso del Estado con las personas desplazadas y su respaldo inquebrantable.
