El Gobierno italiano quiere reforzar la seguridad de los sistemas informáticos nacionales, en medio de un sonado caso de supuesto acceso ilícito, y este miércoles presentó un proyecto de ley dirigido a aumentar los controles y sanciones, también en medio del “actual contexto geopolítico”.
El texto lleva la firma de la primera ministra, Giorgia Meloni, y de su titular de Justicia, Carlo Nordio, y ha sido presentado ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que deberá iniciar su tramitación parlamentaria.
El objetivo, según se lee, es “conseguir una mayor capacidad de protección y respuesta ante las emergencias cibernéticas” en un “contexto geopolítico” actualmente marcado por “graves conflictos internacionales” que “favorece las amenazas informáticas”.
El proyecto, entre otras cosas, obliga a las administraciones públicas a notificar en menos de 24 horas cualquier incidente en sus redes informáticas a la Autoridad Nacional de Ciberseguridad (ACN) y establece sanciones en caso de incumplimiento.
Asimismo propone cambios en el Código Penal, sobre todo en el delito de acceso ilícito a sistema informático, que en la actualidad acarrea penas de cárcel de hasta 8 años si se entra en redes militares o estratégicas (como de Sanidad o Protección Civil).
En este caso, por ejemplo, el castigo previsto aumentará hasta los 12 años, con la introducción de agravantes.
La propuesta por parte del Ejecutivo llega entre frecuentes ataques informáticos, como en otros países del mundo, pero también en medio de un polémico caso de supuestas búsquedas y filtraciones de datos sensibles.
La Fiscalía italiana actualmente indaga la supuesta búsqueda de datos sensibles de decenas de políticos y personajes famosos del país por parte de un agente de policía, investigado con otras quince personas, como un magistrado y varios periodistas.
En el centro del caso está Pasquale Striano, un agente de la Guardia de Finanza (policía fiscal) que prestaba servicio en la Fiscalía Nacional Antimafia y que durante meses efectuó al menos 800 accesos irregulares al banco de datos de la entidad.
Entre sus búsquedas figuran numerosos miembros del actual Gobierno, como el ministro de Defensa, Guido Crosetto -de cuya denuncia partieron las pesquisas-, así como el ex primer ministro Matteo Renzi o la última novia de Silvio Berlusconi, Marta Fascina.
En total están siendo investigadas 15 personas, entre los que están el fiscal sustituto de la Dirección Nacional Antimafia, Antonio Laudati, con acceso al ‘Sistema SOS’, receptor de alertas sobre operaciones tributarias sospechosas, y tres periodistas que podrían haber tenido acceso a esos datos confidenciales.
Precisamente hoy el Gobierno italiano abordó esta cuestión con el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, el fiscal nacional Antimafia, Giovanni Melillo, el jefe de la Policía, Vittorio Pisani, el comandante de la Guardia de Finanza, Andrea De Gennaro, y la cúpula de los servicios de Inteligencia, entre otras autoridades.
En el encuentro, según un comunicado del Ejecutivo, se acordaron “procedimientos administrativos para hacer más estricto el sistema de control, con alertas adecuadas y verificaciones periódicas”.
