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Tegucigalpa

Jefe de la DPI condenado por solicitar soborno de 100 mil lempiras a detenidos

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Comayagua, Honduras – El subinspector de Policía, Walter Sandoval Pérez, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en La Esperanza, Intibucá, fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión tras admitir su culpabilidad en un caso de cohecho propio.

La condena fue dictada por un tribunal luego de que Sandoval Pérez se entregara voluntariamente tras estar implicado en un escándalo de soborno.

El incidente tuvo lugar el 10 de junio de 2024, cuando agentes de la DPI realizaron un allanamiento sin orden judicial en una vivienda de la aldea Carrizal, San Miguelito, Intibucá. Durante la operación, detuvieron a dos personas por posesión de armas de fuego sin licencia.

Los detenidos fueron trasladados a la jefatura policial de La Esperanza, donde el subinspector Sandoval Pérez les exigió un soborno de 100 mil lempiras a cambio de evitar su entrega al Ministerio Público.

Uno de los detenidos, incapaz de reunir la suma exigida, negoció con Sandoval Pérez y se comprometió a entregar 50 mil lempiras, dejando a su familiar en custodia mientras supuestamente buscaba el dinero. Sin embargo, en lugar de cumplir con el soborno, el ciudadano denunció el intento de extorsión ante el Ministerio Público.

Esto llevó a la creación de un operativo encubierto por parte de la Unidad de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que permitió documentar el soborno.

Durante la operación, Sandoval Pérez recibió el dinero pactado, pero logró escapar con la ayuda de otros agentes policiales. Tras su fuga, algunos de los agentes involucrados fueron arrestados, pero Sandoval Pérez permaneció prófugo hasta que decidió entregarse días después.

En la audiencia judicial, Sandoval Pérez aceptó los cargos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que resultó en su condena a prisión, inhabilitación absoluta por siete años y seis meses, y una multa de 37 mil 500 lempiras.

Este caso subraya los esfuerzos del Ministerio Público por erradicar la corrupción dentro de las filas policiales y destaca la importancia de la cooperación ciudadana en la denuncia de actos ilícitos que comprometen la integridad de las instituciones públicas.

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