Tegucigalpa, Honduras.— El exfiscal del Ministerio Público, Asdrubal Murillo, instó al fiscal general de la República, Johel Zelaya, a reivindicarse con el pueblo hondureño en las semanas que quedan para que el nuevo gobierno tome posesión el próximo 27 de enero, investigando los casos de corrupción que han marcado la administración del Partido Libre.
«El Ministerio Público tiene ahorita la oportunidad de reivindicarse con el pueblo hondureño, en el sentido de que nosotros entendemos que el fiscal general ha tenido presiones de la gente que ha estado en el poder, pero obviamente esto va a cambiar a partir del 27 de enero», declaró Murillo, reconociendo implícitamente que Zelaya ha estado sometido a presiones políticas durante el gobierno de Xiomara Castro.
El exfiscal señaló que en este tiempo de transición, el MP puede demostrar que ha realizado investigaciones no solo contra las personas que eran la oposición del gobierno, sino con las personas que están en el gobierno, en referencia a la percepción ciudadana de que la institución ha sido selectiva en sus investigaciones, persiguiendo principalmente a opositores mientras archiva o dilata casos que involucran a funcionarios oficialistas.
«Es una oportunidad de oro que tiene el MP para terminar investigaciones como el cheque-sol, o las relacionadas con todos estos proyectos carreteros que se hicieron que muchos dicen que están sobrevalorados y un sinnúmero de casos y presentar los requerimientos fiscales de ser el caso que encuentren responsabilidad penal», indicó Murillo, enumerando algunos de los escándalos de corrupción que han permanecido en la impunidad durante la gestión de Libre.
Entre los casos pendientes que el exfiscal menciona destacan:
1. El escándalo del «cheque-sol»: Irregularidades en la entrega de bonos y subsidios a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que incluye el narcovideo protagonizado por el exministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, donde discutían el manejo de millonarios fondos públicos con fines político-electorales. 14 meses después del escándalo, el MP sigue sin presentar resultados.
2. Proyectos carreteros sobrevalorados: Denuncias de sobrecostos y corrupción en obras de infraestructura vial ejecutadas durante el gobierno de Castro, que habrían implicado el desvío de recursos públicos.
3. Otros casos de corrupción gubernamental: Un «sinnúmero de casos» que permanecen archivados o sin avances significativos en la investigación.
Las declaraciones de Murillo llegan en un momento de máxima debilidad política del Partido Libre, que sufrió una histórica derrota electoral el pasado 30 de noviembre, con su candidata presidencial Rixi Moncada obteniendo apenas el 19% de los votos y quedando relegada al tercer lugar, mientras el partido perdió la mayoría legislativa y prácticamente todas las alcaldías del país.
La transición de gobierno que se avecina —ya sea bajo Nasry Asfura del Partido Nacional o Salvador Nasralla del Partido Liberal— representa una ventana de oportunidad para que el fiscal Zelaya demuestre independencia antes de que el nuevo gobierno tome posesión y potencialmente busque su remoción o lo someta a nuevas presiones políticas.
El llamado de Murillo también puede interpretarse como una advertencia de que la impunidad de los casos de corrupción del gobierno saliente podría convertirse en un tema político explosivo en los primeros meses de la nueva administración, particularmente si el nuevo gobierno decide impulsar investigaciones contra funcionarios de Libre como parte de su agenda anticorrupción.
El Ministerio Público ha sido duramente criticado durante la gestión de Libre por su aparente subordinación al poder político, archivando casos sensibles como el del narcovideo de Cardona-Cuéllar, mientras concentraba sus esfuerzos en perseguir a opositores políticos y críticos del gobierno.
La pregunta que queda en el aire es si Zelaya aprovechará estas últimas semanas de gobierno de Libre para demostrar independencia y rescatar la credibilidad institucional del MP, o si mantendrá su línea de protección a los funcionarios oficialistas hasta el último día, dejando que sea el próximo gobierno quien decida el destino de estas investigaciones pendientes.
