Tegucigalpa.- El diputado opositor Jorge Cálix presentó una denuncia sobre un supuesto «Plan para quedarse en el Poder sin importar los resultados del 30N» que estaría implementando el partido Libertad y Refundación (Libre), según un trabajo que analiza presuntas acciones de la dirigencia oficialista.
Cálix alegó que el coordinador general de Libre, Manuel «Mel» Zelaya, impulsa un plan de tres fases cuya finalidad sería que la agrupación siga en el poder, independiente del voto popular de las elecciones del 30 de noviembre.
La primera fase, según el diputado liberal, consiste en «ingeniería de legitimidad previa» que incluye control narrativo con encuestas falsas que favorecen a la candidata oficialista Rixi Moncada, intimidación y coerción sobre instituciones clave, así como persecución política de opositores.
Para el día electoral, Cálix alegó que Zelaya y Libre aplicarían la «etapa 2» conocida como «Disrupción táctica del día E», que supuestamente consiste en control y alteración de la logística, manipulación de la tecnología y anunciar anticipadamente una victoria.
Esta acusación coincide con las controversiales declaraciones de Moncada del fin de semana, donde afirmó que al mediodía ya sabrá que es ganadora y que al CNE no le quedará alternativa de declararla triunfadora.
La tercera fase alegada consiste en gestión postelectoral con respaldo de instituciones estatales cooptadas y posible alineamiento militar, según el esquema denunciado por el legislador opositor.
Cálix señaló que el supuesto libreto de Libre previó al Ministerio Público como operador que controla instituciones y elimina la oposición, citando el intenso accionar actual contra dirigentes, diputados y alcaldes del Partido Liberal y Partido Nacional.
Para el día después de las elecciones, el alegado guión incluiría generar caos y zozobra para evitar el reconocimiento de resultados adversos, disponiendo de colectivos, boicoteando reuniones del CNE y bloqueando el Tribunal de Justicia Electoral.
El diputado citó antecedentes que considera precedentes del plan, incluyendo la imposición del fiscal general vía Comisión Permanente del Congreso Nacional, la del Procurador general y la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos.
Estas acusaciones se enmarcan en las crecientes tensiones políticas previas a las elecciones, donde la oposición expresa preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral y el uso de instituciones estatales.
El alegato de Cálix representa la perspectiva opositora sobre las acciones gubernamentales recientes, aunque constituyen acusaciones políticas que requerirían verificación independiente para confirmar su veracidad.
Las denuncias reflejan el clima de polarización electoral donde cada sector interpreta las acciones del contrario bajo la lente de posible manipulación del proceso democrático hondureño.
